Mientras Claudia Sheinbaum busca acabar con la pobreza con los aumentos al salario mínimo y los programas sociales iniciados por AMLO, especialistas señalan que México sigue entre los países con más desigualdad del mundo, aunque reconocen el progreso

En la última década, México ha registrado una reducción en sus niveles de desigualdad, impulsada principalmente por el aumento del salario mínimo y la expansión de los programas de bienestar.

Así lo explicó el economista Ricardo Gómez-Carrera, investigador que participó en la elaboración del Informe mundial sobre la desigualdad 2026, en entrevista con La Jornada.

El especialista subrayó que, si bien el país continúa figurando entre las naciones con mayor desigualdad, los datos muestran un cambio relevante en los años recientes, resultado de políticas públicas enfocadas en redistribuir el ingreso y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

México

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¿México sigue siendo un país desigual?

De acuerdo con Gómez-Carrera, la respuesta es sí, pero con matices. México se mantiene entre los 15 países con mayor desigualdad a nivel mundial, aunque presenta una reducción en este indicador durante los últimos años.

México lo ha hecho bien en cuestión de reducción de la desigualdad en los últimos años. Creo que hay todavía un gran margen por hacer”, señaló el economista.

Esta disminución no implica que el problema esté resuelto, sino que algunas políticas han comenzado a modificar una estructura históricamente desigual.

El papel del salario mínimo en la reducción de la desigualdad

Uno de los factores más relevantes ha sido el incremento sostenido del salario mínimo. Gómez-Carrera explicó que este tipo de medida pertenece a lo que se conoce como políticas de predistribución, es decir, aquellas que reducen la desigualdad antes de que el ingreso llegue a los hogares.

La parte que ha ayudado más a disminuir la desigualdad en México ha sido el aumento de los salarios mínimos y también han tenido que ver las transferencias”, afirmó.

Además, destacó que diversos estudios muestran que el aumento al salario mínimo no incrementa la desocupación, como se argumentó durante años, sino que puede contribuir a mejorar las condiciones laborales en economías como la mexicana.

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Programas de bienestar y transferencias públicas

Otro componente clave han sido las transferencias directas e indirectas del Estado. En el caso de México, estas incluyen programas como las becas Benito Juárez, así como el acceso a servicios públicos de salud y educación.

El economista explicó que estas políticas de redistribución han demostrado ser efectivas en distintas regiones del mundo, pero tienen un impacto particular en América Latina, donde la desigualdad de origen es más profunda.

Menos pobreza y mayor poder adquisitivo

Las cifras respaldan esta tendencia. En agosto pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024.

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A ello se suma que, entre el sexenio anterior y el actual, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha recuperado 154.2 por ciento, como resultado directo de los incrementos aplicados en los últimos años.

Estos datos refuerzan la idea de que el ingreso laboral volvió a jugar un papel más relevante en la reducción de carencias.

Redistribución y predistribución: dos caminos complementarios

Gómez-Carrera explicó que existen dos grandes tipos de políticas para enfrentar la desigualdad:

• Redistribución, que actúa después de que el ingreso se genera, mediante impuestos progresivos y transferencias.
• Predistribución, que busca reducir la desigualdad desde el origen, a través de mejores salarios y derechos laborales.

Una política de predistribución es el aumento en salarios mínimos, por ejemplo, o los derechos de los trabajadores”, detalló.

Ambos enfoques, señaló, deben funcionar de manera conjunta para lograr cambios sostenidos.

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Educación y salud, claves para el largo plazo

A pesar de los avances, el investigador enfatizó que la inversión en educación y salud sigue siendo la vía más sólida para reducir la desigualdad de forma estructural.

Dirigir recursos a estas áreas no solo impacta a quienes reciben el beneficio directo, sino que amplía las oportunidades de las siguientes generaciones.

Es una política que ayuda a la generación que se beneficia, pero también a la siguiente”, explicó.

¿Es necesaria una reforma fiscal?

Sobre una posible reforma fiscal, Gómez-Carrera planteó que el objetivo no debe ser aumentar la carga a quienes ya pagan impuestos, sino ampliar la base gravable, en especial en los sectores de mayores ingresos.

Indicó que los grupos más ricos suelen quedar fuera de los esquemas de impuestos progresivos, por lo que gravarlos permitiría financiar de manera sostenible los sistemas de educación y salud.

México tiene un gobierno con alta aprobación, un gobierno de izquierda y puede ser un campeón en este esfuerzo por gravar a la parte más alta de la distribución”, afirmó.

Incluso mencionó que el país podría sumarse a experiencias como las de Brasil y Sudáfrica, donde se discuten impuestos a los patrimonios cercanos al 2 por ciento.

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Avances claros, pero con un reto pendiente

El diagnóstico final demuestra que México ha logrado avances medibles en la reducción de la desigualdad gracias al salario mínimo y los programas sociales, pero el desafío sigue siendo profundo.

El propio Gómez-Carrera insistió en que el siguiente paso debe centrarse en más inversión pública en educación y salud, acompañada de un sistema fiscal que distribuya mejor la carga.

La reducción de la desigualdad, concluyó, no es un logro de corto plazo, sino un proceso que requiere continuidad y decisiones de fondo.