Diputada Ana Isabel González González propuso responsabilizar a padres de familia en la lucha contra el bullying escolar; Se plantea imponer de sanciones y multas para los padres

Con el objetivo de establecer un marco de responsabilidad compartida para erradicar la violencia en las escuelas, la diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa que busca reformar la Ley General de Educación.

La propuesta, que ahora será analizada por la Comisión de Educación, introduce un nuevo capítulo para atender el bullying o acoso escolar, definiéndolo claramente y estableciendo, por primera vez de forma explícita, obligaciones y sanciones directas para los padres o tutores de los estudiantes que incurran en estas conductas.

La iniciativa propone adicionar cuatro artículos (16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies) a la ley vigente. En ellos, se establece que el Estado debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, garantizando el desarrollo de programas y políticas públicas para una vida escolar libre de violencia.

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Se define el bullying como “toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada por un estudiante hacia otro, con el fin de intimidar, excluir o dañar”, reconociendo el desequilibrio de poder como una característica central del fenómeno.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la corresponsabilidad que impone a las familias

La diputada plantea que los padres o tutores tendrán la obligación de participar en programas de prevención, colaborar con las autoridades educativas para corregir conductas y garantizar que sus hijos reciban atención psicológica cuando sea necesario. Además, se establece un régimen de sanciones progresivas para los padres cuando un estudiante incurra en bullying de manera reincidente.

Según el texto, en una primera reincidencia se aplicaría una amonestación a los padres y la obligación de asistir a cursos de parentalidad positiva. En una segunda, se impondría una multa económica proporcional al ingreso familiar. Finalmente, en una tercera instancia, se procedería a la canalización obligatoria a las instancias de procuración de justicia para evaluar medidas de protección y responsabilidad parental.

La diputada enfatiza que estas sanciones deben ser proporcionales y aplicarse siempre garantizando el interés superior de la niñez, “evitando criminalizar a los menores”.

En su exposición de motivos, la legisladora advierte que el acoso escolar se ha consolidado como una de las principales causas de deserción en la educación básica, con consecuencias severas en el rendimiento académico y la salud psicológica de las víctimas.

Señala que, aunque la Ley General de Educación y la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen el derecho a una vida libre de violencia, no especifican claramente la responsabilidad parental en estos casos, dejando un vacío legal.

La iniciativa propone que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de Protección de la Niñez, sea la encargada de establecer los lineamientos para la aplicación de estas nuevas disposiciones.

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Su finalidad, según expone la diputada González González, es garantizar un entorno educativo más seguro y dotar a docentes y estudiantes de herramientas claras para identificar y enfrentar el acoso, cerrando así los vacíos legales que han permitido que el problema persista y previniendo daños irreparables en el desarrollo integral de los menores.