Colectivos de búsqueda reclaman que la SCJN avaló eliminar el fondo mínimo para víctimas, advierten retrocesos, vulneraciones jurídicas y piden garantizar la no regresividad de derechos

MÉXICO — Más de 200 organizaciones, colectivos de búsqueda y grupos de víctimas manifestaron su preocupación y su “más enérgica condena” a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló la desaparición del fondo mínimo destinado a la reparación integral y atención a víctimas del delito, de acuerdo con lo publicado por La Jornada.

El martes, el máximo tribunal rechazó declarar inconstitucional un artículo de la Ley General de Víctimas, reformado en 2020, pese a que el proyecto presentado por el ministro Giovanni Figueroa sostenía que ya existía una sentencia previa que reconocía el carácter regresivo de esa reforma al limitar la reparación integral para víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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“Implica un grave retroceso”: colectivos y centros de derechos humanos

En un pronunciamiento conjunto, la Fundación para la Justicia, los centros Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, junto con las organizaciones del Espacio OSC, señalaron que la decisión de la nueva Corte “implica un grave retroceso” para los derechos de las víctimas.

Afirmaron que la resolución abre la posibilidad de que “las víctimas vean diluidos sus derechos” mediante reformas legales capaces de debilitar los actuales mecanismos de protección, atención y reparación.

Además, advirtieron que la determinación fue tomada “vulnerando el principio de ‘cosa juzgada’ y la garantía de seguridad jurídica”, ya que reabre un debate previamente resuelto sobre la constitucionalidad de reformas regresivas en la ley.

Críticas por violar progresividad y limitar la reparación integral

Las organizaciones recordaron que:

“La necesaria declaratoria general de inconstitucional del artículo 132 fracción I de la Ley General de Víctimas era consistente con la línea de protección seguida por la Corte en relación con el principio de progresividad”.

Subrayaron que la decisión vulnera tanto el principio de progresividad de los derechos humanos como el derecho a la reparación integral, pues sin un presupuesto específico y un marco normativo sólido:

“Las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”.

Colectivos de búsqueda exigen revertir retrocesos

Colectivos de búsqueda de Sinaloa, Morelos, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, entre otras entidades, hicieron un llamado a la SCJN para respetar y garantizar los derechos de las víctimas, evitando reinstalar debates que puedan legitimar “reformas regresivas”.

También solicitaron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión asegurar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas, además de garantizar que cualquier futura reforma sea elaborada con participación de víctimas, bajo criterios transparentes y respetuosos de los derechos humanos.

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Amnistía Internacional se suma a las críticas

Amnistía Internacional expresó preocupación por la eliminación de la garantía presupuestaria para medidas de ayuda, asistencia y reparación.

Recordó que el país enfrenta una crisis de derechos humanos, con un crecimiento exponencial de víctimas registradas ante el Registro Nacional de Víctimas.

En su pronunciamiento, pidió al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo fortalecer políticas públicas y medidas legales que garanticen los derechos de las víctimas y eviten retrocesos en materia de reparación.

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