El caso de María Florinda Ríos reaviva el debate sobre la “doctrina del castillo” en EEUU: ¿hasta dónde llega la legítima defensa?

Indiana, EEUU.— El caso de María Florinda Ríos Pérez, una migrante guatemalteca de 32 años que murió tras recibir un disparo al llegar por error a una vivienda en Indiana, volvió a colocar en el centro del debate a las leyes de defensa personal en Estados Unidos, particularmente la llamada “doctrina del castillo”, vigente en gran parte del país desde hace décadas.

La madrugada del 5 de noviembre, Ríos Pérez —madre de cuatro hijos— llegó a la casa de Curt Andersen, de 62 años, pensando que se trataba del domicilio donde realizaría labores de limpieza.

Cuando intentó abrir la puerta con una llave que le habían proporcionado, Andersen disparó desde el interior, atravesando la puerta y causándole la muerte.

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El estado de Indiana cuenta con una de las legislaciones más permisivas del país en materia de uso de la fuerza letal.

La defensa del acusado ya anunció que invocará este principio jurídico para argumentar que Andersen actuó dentro de sus derechos.

¿Qué es la “doctrina del castillo”?

La normativa se inspira en un postulado del derecho consuetudinario inglés del siglo XVII:“La casa de una persona es su castillo”, un espacio que debe ser inviolable y donde nadie está obligado a retirarse, incluso si existe una vía segura para hacerlo.

En Indiana, esta doctrina quedó plasmada en el Código 35-41-3-2, aprobado en 2006, más conocido como Stand Your Ground, que autoriza el uso de fuerza —incluida la letal— para proteger a personas o propiedades dentro del hogar, vehículo o lugar de trabajo.

La profesora Caroline Light, de la Universidad de Harvard, explica que 38 estados han adoptado algún tipo de norma basada en esta doctrina, revertiendo el principio anterior de “obligación de retirada”.

Condiciones para invocar la legítima defensa

Aunque amplia, la ley no garantiza automáticamente la impunidad. Para que la defensa sea válida, la persona acusada debe demostrar cuatro elementos:

1. Que no inició la confrontación ni actuó como agresor.
2. Que tenía motivos razonables para creer que estaba bajo amenaza.
3. Que esa amenaza implicaba daño corporal grave e inminente.
4. Que la fuerza empleada fue proporcional a la amenaza percibida.

Indiana también exige que el acusado se encontrara en un espacio bajo su dominio legal, como el hogar.

La evaluación judicial considerará si la creencia de peligro era “razonable”, si la persona presuntamente amenazante tenía un arma, su complexión física y si la respuesta letal fue justificada.

La postura de la fiscalía y el avance del caso

Pese a la amplitud de la ley, la fiscalía del condado de Boone determinó presentar cargos de homicidio involuntario contra Andersen, al considerar que su actuación no puede interpretarse como legítima defensa.

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“La ley de defensa propia no se aplica en este caso”, afirmó el fiscal Kent T. Eastwood, señalando que Andersen “no tenía una creencia razonable de que la fuerza letal fuera necesaria”.

Andersen fue detenido y enviado a un centro penitenciario en Indianápolis sin derecho a fianza.

Documentos judiciales citados por The New York Times indican que la esposa del acusado, Yoshie Andersen, declaró que su esposo la detuvo de abrir la puerta por temor a que las personas afuera pudieran estar armadas.

La defensa del acusado: “Sus acciones fueron justificadas”

El abogado Guy Relford, conocido en Indiana por su defensa del derecho al uso de armas, anunció que invocará la doctrina del castillo.

“Creemos que el señor Andersen tenía todas las razones para creer que sus acciones eran absolutamente necesarias y justificadas”, indicó.“Las acciones deben evaluarse según las circunstancias tal y como él las percibió en ese momento, no en retrospectiva”.

Si la defensa logra acreditar que Andersen actuó bajo el amparo de esta ley, el acusado podría quedar exento no solo de responsabilidad penal, sino también de demandas civiles.

Respuesta de la familia de la víctima

El abogado Alex Limontes, representante de la familia de Ríos Pérez, afirmó que la presentación de cargos es “un paso indispensable hacia la justicia”.

“La familia de María merece verdad, rendición de cuentas y justicia”, señaló.

El caso ha generado indignación entre organizaciones migrantes, que denuncian que la doctrina del castillo ha sido utilizada para justificar violencia innecesaria, especialmente contra personas racializadas o en situaciones de vulnerabilidad.

Un debate nacional que vuelve a encenderse

La muerte de Ríos Pérez se suma a otros casos polémicos en los que personas han sido baleadas por error al tocar la puerta equivocada o confundir un domicilio.

Para expertos, la combinación de leyes permisivas, percepción de inseguridad y amplia posesión de armas en EEUU ha incrementado estas tragedias.

“Las normas que permiten el uso letal de la fuerza han ampliado enormemente la discreción de los ciudadanos para decidir cuándo consideran que están en peligro”, señala la profesora Light.

El caso, que ahora avanza hacia un proceso judicial, podría convertirse en un nuevo referente legal en torno a la aplicación y límites de la doctrina del castillo.

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