Ley de Extorsión entra a su fase decisiva en el Senado: buscan elevar penas, cerrar vacíos legales y castigar a servidores públicos coludidos
La reforma contempla penas más severas, coordinación institucional obligatoria y el uso de los recursos obtenidos por extinción de dominio exclusivamente para las víctimas.

México.- El Senado de la República votará esta semana la Ley General en Materia de Extorsión, una de las reformas prioritarias del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el crecimiento sostenido de un delito que afecta a comercios, transportistas, productores agrícolas y familias en prácticamente todo el país.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó que la minuta enviada por la Cámara de Diputados será discutida en comisiones y modificada antes de su votación en el Pleno.
La reforma contempla penas más severas, coordinación institucional obligatoria y el uso de los recursos obtenidos por extinción de dominio exclusivamente para las víctimas.
Revisión avanzada y foco en aumentar las penas
El líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, informó que la revisión de la minuta tiene un avance del 90% y adelantó que uno de los ejes centrales será elevar la media de las penas, proponiendo rangos de entre 10 y 15 años de prisión, superiores a los avalados por la Cámara de Diputados.
“Si elevamos la penalidad, será menor el número de personas que puedan ser beneficiadas”, advirtió Adán Augusto López, en referencia a eventuales preliberaciones.
Tres modificaciones de fondo que hará el Senado
El Senado prevé realizar al menos tres cambios estructurales al dictamen:
- Aumento de las penalidades para reducir beneficios retroactivos.
- Definición clara de responsabilidades para servidores públicos que permitan o toleren la extorsión.
- Cierre de vacíos legales que puedan favorecer a sentenciados, salvo revisiones individualizadas.
Un delito en expansión en todo el país
La extorsión se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. Entidades como Michoacán, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Jalisco registran cobros ilegales en mercados, tianguis, transporte público, tortillerías y producción agrícola, incluido el pago por tonelada de limón y aguacate.
Además, el delito se ha diversificado en modalidades como:
- Cobro de piso
- Amenazas telefónicas o por mensajes
- Secuestros exprés con fines extorsivos
- Uso de menores de edad para presionar pagos
- Transferencias mediante cuentas bancarias y plataformas digitales
Especialistas y legisladores coinciden en que la ausencia de una ley general ha generado sanciones disparejas entre estados y espacios aprovechados por grupos criminales y servidores públicos coludidos.
Dictamen con cambios profundos: penas, servidores públicos y especialización
Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos votarán este martes un dictamen con ajustes significativos.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, advirtió que la minuta original reducía la media de las penas, lo que abriría la puerta a beneficios retroactivos.
“El artículo 14 constitucional permite efectos retroactivos solo en beneficio del procesado. Aunque fueran pocos, debemos ser cuidadosos”, argumentó Corral.
También pidió precisar las conductas sancionables de los funcionarios públicos y reforzar la técnica legislativa, especialmente en la ubicación de las investigaciones dentro de áreas especializadas de las fiscalías estatales.
El presidente de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, coincidió en que el apartado de penas es “medular” para fortalecer las capacidades del Estado y garantizar que las investigaciones recaigan en ministerios públicos y policías especializados con herramientas financieras y tecnológicas.
Desde la llegada de la minuta al Senado el 28 de octubre, las comisiones han sostenido reuniones con Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, y con el equipo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para consensuar un texto final.
Elementos centrales de la nueva Ley de Extorsión
La propuesta legislativa contempla:
- Penas más severas para extorsionadores y cómplices
- Sanciones penales a servidores públicos que faciliten o toleren el delito
- Coordinación nacional obligatoria entre fiscalías y autoridades locales
- Investigación especializada con herramientas técnicas y financieras
- Reparación integral del daño a víctimas
- Destino de recursos de extinción de dominio únicamente para víctimas
- Reformas a cinco ordenamientos legales para homologar criterios en todo el país
“La ley fortalece penas, reparación del daño y coordinación institucional”, afirmó Castillo Juárez.
Diputados se dicen listos para aceptar cambios
El líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara de Diputados aceptará las modificaciones que realice el Senado.
“El Senado es cámara revisora. Si corrigen lo que no se atendió, nos allanamos. No nos molesta ni nos ofende”.
¿Cuánto cuesta la extorsión en México?
Según la ENVIPE 2024 del INEGI, las pérdidas económicas por extorsión en 2023 alcanzaron:
- 12 mil 300 millones de pesos en daños directos
- Más de 20 mil millones al incluir costos indirectos:
- Cierre de negocios
- Cambio de actividad
- Gastos de seguridad
- Movilidad
La encuesta revela además que 9 de cada 10 casos no se denuncian. La cifra negra es de 91.8%, una de las más altas entre todos los delitos.
En 2024, las fiscalías estatales registraron 10 mil 500 carpetas de investigación, aunque las estimaciones nacionales apuntan a más de 8 millones de víctimas.
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