¿Ricardo Salinas Pliego podría ir a la cárcel por su deuda millonaria ante el Sat? Esta es toda la información hasta el momento

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego está obligado a pagar casi 49 mil millones de pesos correspondientes a créditos fiscales que fueron impugnados durante años en distintos tribunales.

Tras la resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal iniciará un nuevo proceso judicial si el pago no se realiza.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal explicó que, tras la decisión de la Corte, corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificar formalmente a las empresas involucradas. Si después de la notificación no se realiza el pago correspondiente, el gobierno procederá legalmente para asegurar que se cumpla con las obligaciones fiscales.

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“La Corte no actuó por consigna”: Sheinbaum

Sheinbaum enfatizó que la resolución judicial no responde a presiones políticas. Incluso leyó el comunicado que la SCJN difundió el 13 de noviembre, en el que se detalla la cronología de los recursos de revisión y juicios de amparo interpuestos por las empresas de Salinas Pliego.

La presidenta subrayó que varios de estos procedimientos se iniciaron antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que —dijo— demuestra que la resolución fue producto de un proceso jurídico largo y no de una instrucción política.

De acuerdo con el comunicado de la Corte, los juicios iniciaron en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se confirmó la legalidad de los créditos fiscales.

Tras la desestimación de las inconformidades, los asuntos escalaron hasta llegar a la Suprema Corte, que finalmente determinó que estos casos no representan un conflicto constitucional ni de derechos humanos, por lo que no era procedente la revisión solicitada por el grupo empresarial.

“No hay autoritarismo ni consigna. La Corte dice: ya pasaron un proceso, otro proceso, otro proceso, y resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial”, puntualizó la presidenta.

Más años sin pagar, más multas acumuladas

Sheinbaum explicó que el monto actual —cercano a los 49 mil millones de pesos— se debe al largo tiempo que el grupo empresarial tardó en cumplir sus obligaciones fiscales. Conforme pasan los años, recordó, las multas aumentan y el adeudo crece.

“Si hubiera pagado hace 15 años, era un monto; si hubiera pagado hace 10, era otro; si hubiera pagado el año pasado, era menos. Pero así es la ley: mientras más te tardes en pagar, más multas hay”, señaló.

La mandataria insistió en que estas reglas aplican para cualquier contribuyente y no representan un trato excepcional para el empresario.

El adeudo supera presupuestos de programas sociales

Para dimensionar el peso del adeudo, Sheinbaum comparó la cifra con recursos federales destinados a programas sociales y obras de infraestructura. Mencionó que el presupuesto anual para caminos artesanales es de alrededor de 3 mil millones de pesos, por lo que un adeudo de 30 mil millones —como ejemplo hipotético— equivaldría a diez veces ese monto.

Asimismo, destacó que la cifra es similar al presupuesto total que el gobierno federal destina a los Programas del Bienestar en Michoacán, estimado en aproximadamente 30 mil millones de pesos.

“Son montos muy significativos y se fueron elevando”, concluyó.

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¿Podría ir a la cárcel?

Lo que la SCJN resolvió es que sus empresas deben pagar créditos fiscales (impuestos, recargos y multas) que fueron impugnados durante años. Los créditos fiscales son de naturaleza administrativa, no penal.

Esto significa que:

• El SAT puede cobrar, embargar bienes, congelar cuentas y ejecutar procedimientos administrativos o mercantiles.
• Pero no puede enviar a prisión a un empresario por un adeudo fiscal que ya está determinado como crédito.

En México, no existe cárcel por deudas fiscales cuando estas pasan a ser créditos firmes.

¿Cuándo sí hay prisión en temas fiscales?

Solo habría cárcel si existiera alguno de estos delitos:

• Defraudación fiscal
• Defraudación fiscal equiparada
• Facturación falsa (empresas fachada o EFOS)
• Lavado de dinero vinculado a evasión

Las penas pueden ir de 3 meses a 13 años, dependiendo del monto y la modalidad. Pero para que eso ocurra, la FGR tendría que:

1. Abrir una carpeta de investigación;
2. Determinar que hubo delito;
3. Judicializar el caso.

¿Podría cambiar y haber riesgo penal en el futuro?

Solo si el SAT determina que hubo delito, o si la FGR decide que existió defraudación fiscal, omisión dolosa o uso de factureras.Hasta ahora, no hay proceso penal, solo un cobro administrativo.

El propio gobierno ha enfocado el caso en recuperar el dinero, no en imputar delitos.

En este caso, Ricardo Salinas Pliego no enfrenta años de prisión. Lo que enfrenta es una orden firme de pago que, si incumple, puede derivar en embargos, nuevos procedimientos administrativos o demandas civiles, pero no cárcel.

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