SIPINNA exige acciones urgentes y reformas legales ante violencia sexual digital en escuela secundaria de Zacatecas; señala fallas en el manejo inicial del caso

Ante el grave caso de manipulación de imágenes con inteligencia artificial en una secundaria de Zacatecas, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) emitió un contundente posicionamiento institucional que exige acciones urgentes y reformas legales.

El SIPINNA calificó este suceso como una manifestación emergente y grave de violencia digital, con profundas consecuencias psicológicas y sociales para las víctimas.

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El hecho: Una violencia digital que conmociona a México

La comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 en Zacatecas fue escenario de un grave incidente de violencia sexual digital. Alumnas denunciaron que sus fotografías fueron sustraídas y manipuladas mediante inteligencia artificial para generar contenido pornográfico, el cual fue posteriormente difundido en redes sociales por otros estudiantes.

Se estima que aproximadamente 400 alumnas fueron vulneradas en su intimidad, un hecho que ha desatado la indignación de padres, madres y estudiantes, llevándolos incluso a realizar una manifestación y un bloqueo el pasado 10 de noviembre para exigir la destitución de las autoridades escolares.

Durante la manifestación se acusó a la institución de minimizar la situación calificándola como una broma. También se reconoció a estudiantes de tercer grado como los responsables de generar las imágenes.

El posicionamiento de SIPINNA: Un llamado a la acción coordinada

SIPINNA, liderado por su secretaria ejecutiva, la Lic. Lorena Villavicencio Ayala, reconoció en su poscionamiento la necesidad de implementar políticas públicas que involucren prevención, atención psicológica, reparación del daño y sanción, alfabetización digital y ética tecnológica.

Además, la institución propuso tipificar de manera explícita en el Código Penal Federal y en códigos locales el delito de “violación a la intimidad sexual mediante inteligencia artificial”, que incluya penas agravadas cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.

Responsabilidades institucionales inmediatas

El documento detalla las obligaciones de cada institución del Estado para una respuesta integral:

• Procuraduría Estatal de Protección: Debe garantizar acompañamiento psicológico especializado, representación legal y la restitución de los derechos vulnerados.
• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctomas (CEAV): Tiene la responsabilidad de inscribir a las víctimas en el Registro Estatal, brindar acceso al Fondo de Ayuda y ofrecer un acompañamiento integral.
• Fiscalía Especializada en Derechos Humanos: Debe investigar los hechos con una perspectiva de infancia, coordinarse con la Policía Cibernética para eliminar el material y recabar testimonios sin revictimizar a las alumnas.

El SIPINNA reiteró que las instituciones deben actuar coordinadamente y con la debida diligencia.

Las fallas en el protocolo escolar: Una revictimización evitable

Uno de los puntos más críticos del posicionamiento se centra en el manejo inicial del caso por parte de las autoridades de la secundaria.

SIPINNA señala un presunto incumplimiento de los Lineamientos Generales para la Atención de Casos de Violencia Sexual en Educación Básica de la SEP.

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Según estos protocolos, la escuela debió:

• Notificar de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección.
• Preservar todos los dispositivos y material digital como evidencia.
• Activar de forma inmediata el acompañamiento psicológico.
• Abstenerse de interrogar o exponer a las víctimas.

La supuesta minimización de los hechos como una “broma pesada” y la eliminación de evidencias, según lo reportado por las manifestantes, vulnera el principio del Interés Superior de la Niñez y constituye una posible revictimización. SIPINNA exige investigar la actuación del personal educativo y reforzar su capacitación.

Hacia el futuro: Compromisos y propuestas de SIPINNA

Para transformar este caso en un punto de inflexión, SIPINNA anunció la organización de un Foro sobre Ciberseguridad y Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el mes de diciembre. Este espacio abordará:

• La regulación ética de la inteligencia artificial.
• La tipificación penal de la violencia digital.
• Estrategias para la detección temprana de riesgos en línea.
• La implementación de tamizajes de salud mental en el ámbito escolar.

Además, se promoverán campañas masivas de alfabetización digital, protocolos de ciberseguridad escolar y la creación de comités estudiantiles de protección digital.

Una responsabilidad moral y colectiva

El posicionamiento concluye con un firme recordatorio: proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes es una obligación jurídica, pero también una responsabilidad moral y colectiva. El Estado mexicano debe responder con mecanismos robustos de prevención, justicia y reparación del daño, garantizando entornos educativos y digitales seguros para todos.

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