Madres en Resistencia logra avances históricos en Chiapas tras doce días de protesta: Separación de fiscal y sanciones en caso de feminicidio de Jade Guadalupe

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Tras doce días de protesta y un bloqueo vial indefinido, el colectivo Madres en Resistencia consiguió una respuesta concreta de las autoridades de Chiapas, según El Universal. La Fiscalía General del Estado anunció la separación de Lizbeth Córdova, subdirectora de la Fiscalía contra Feminicidios, y el inicio de procedimientos administrativos graves contra funcionarios del Instituto del Deporte (Indeporte), hechos que marcan un punto de inflexión en su lucha por la justicia.

Acuerdos concretos: La respuesta institucional a la demanda ciudadana

La presión ejercida por el plantón frente a las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tuxtla Gutiérrez rindió frutos. Las autoridades informaron de dos acciones significativas:

1. Separación de la fiscal Lizbeth Córdova: Se decidió apartarla de su cargo mientras se realiza una investigación interna para garantizar la imparcialidad y transparencia de las indagatorias. Esta medida responde directamente a una de las principales exigencias de las madres.
2. Procedimientos contra funcionarios del Indeporte: En coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se iniciaron procesos por responsabilidades graves derivadas de irregularidades detectadas en el Instituto del Deporte durante el año 2020.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, se comprometió a mantener una atención directa con el colectivo para dar seguimiento a los acuerdos y aseguró que las investigaciones continuarán con estricto apego a la legalidad y los derechos humanos.

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El caso que encendió la lucha: El feminicidio de Jade Guadalupe

La movilización de Madres en Resistencia tiene un rostro y un nombre: Jade Guadalupe. Su madre, Adriana Gómez, fundadora del colectivo, relata que hace cinco años su hija fue encontrada sin vida en los baños del Instituto del Deporte de Chiapas.

De acuerdo con El Heraldo de Chiapas, Adriana Gómez sostiene firmemente que se trató de un feminicidio y no de un suicidio, como se habría intentado plantear inicialmente. Un médico forense externo determinó que la joven fue asesinada antes de ser colgada, señalando que las lesiones en su cuerpo sugieren que el autor habría utilizado técnicas de fuerza propias de expertos en judo, disciplina que Jade practicaba.

La madre ha denunciado constantemente la manipulación de la escena del crimen, la omisión y la negligencia de las autoridades, subrayando que, a media década de los hechos, no hay detenidos y la carpeta de investigación permanece estancada. Ante esta impunidad, con el respaldo de organizaciones internacionales, se ha solicitado un metaperitaje independiente en la Ciudad de México para reabrir el caso con nuevas evidencias.

La lucha que no cesa: Bloqueo y exigencias continuas

El bloqueo en el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, iniciado el 6 de octubre, se mantuvo como una medida de presión legítima. Las madres advirtieron que no levantarían el plantón hasta ser atendidas directamente por el fiscal general y hasta ver avances reales en sus demandas.

Entre sus exigencias clave se encuentran:

• Una línea de investigación clara y concreta para los feminicidios y desapariciones de sus familiares.
• La sanción definitiva de la fiscal Lizbeth Córdova, a quien acusan de revictimización por haber mostrado imágenes sensibles del cuerpo de Jade a familiares de otras víctimas.
• Investigación y sanción para los responsables del intento de desalojo de su protesta por parte de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, para lo cual ya se formalizó una denuncia contra el secretario de Seguridad, David Hernández Pérez.

Como un gesto de acercamiento, el fiscal Llaven Abarca se comprometió a acompañar personalmente a las madres en una de sus brigadas de búsqueda, un acto simbólico que busca reconstruir la confianza entre las instituciones y la ciudadanía.

Este caso representa un ejemplo emblemático de cómo la organización y la resistencia civil pueden impulsar cambios dentro del sistema de justicia, exigiendo transparencia y responsabilidad en la investigación de delitos tan sensibles como el feminicidio.

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