Coparmex alerta sobre impacto económico de la reforma a la Ley de Amparo
La oposición acusó que la reforma mantiene efectos retroactivos y advirtió que es regresiva, al limitar los derechos ciudadanos frente a posibles arbitrariedades del poder.

MÉXICO.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reforma a la Ley de Amparo podría generar un daño irreversible a la economía del país.
Según la organización, no sólo las grandes empresas se verán afectadas, sino que las PYMES perderían herramientas clave para defenderse de posibles arbitrariedades del Gobierno.
“El sector empresarial no busca privilegios, lo que exigimos es igualdad ante la ley (...) Hay incertidumbre en las reglas y equilibrio en los poderes públicos”, declaró Juan José Sierra, presidente de Coparmex.
Posibles consecuencias para los pequeños empresarios
Sierra explicó que la reforma podría exponer a las PYMES a embargos, cancelaciones de sellos digitales y bloqueos de cuentas, incluso antes de que un juez determine la legalidad de las acciones gubernamentales, según Fuerza Informativa Azteca.
Esto representa un riesgo especialmente grave en un contexto económico de crecimiento nulo para México este año.
“Las decisiones de política pública que se tomen en nuestro país deben favorecer la inversión y el desarrollo económico que tanto necesitamos”, enfatizó el líder empresarial.
Impacto en el T-MEC y la inversión extranjera
Coparmex advirtió que la reforma podría poner en riesgo la inversión programada bajo el T-MEC para 2026. Sierra recordó antecedentes de afectaciones similares con el Infonavit y la Reforma Judicial, y criticó lo que calificó como un uso político del Poder Judicial.
Coparmex insiste en que los cambios deben garantizar igualdad ante la ley y proteger a todos los sectores económicos, evitando afectaciones que comprometan la inversión y la estabilidad financiera del país.
Claudia Sheinbaum promulga reforma a la Ley de Amparo
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó este jueves las reformas y adiciones a la Ley de Amparo en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El decreto establece que la ley entrará en vigor el viernes 17 de octubre, un día después de su publicación.
Aprobación rápida en el Senado
El miércoles por la tarde, el Senado avaló la reforma en lo general con 82 votos a favor y 38 en contra por parte de la oposición.
La aprobación se dio apenas siete horas después de que la Cámara de Diputados remitiera la minuta, sin pasar por comisiones.
El Senado únicamente discutió los cambios realizados por los diputados a los artículos 128 y 129, así como el tercer artículo transitorio, destinado a regular la aplicación de la reforma en juicios de amparo iniciados previamente, detalló Milenio.
Controversia por la retroactividad
La oposición acusó que la reforma mantiene efectos retroactivos y advirtió que es regresiva, al limitar los derechos ciudadanos frente a posibles arbitrariedades del poder.
Por su parte, el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y miembro de Morena, señaló que los ajustes hechos por los diputados atajan el tema de la retroactividad.
Con la publicación del decreto, quedaron derogadas todas las disposiciones contrarias y se confirmó la vigencia del tercer artículo transitorio, que establece:
“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.
La reforma marca un cambio significativo en los juicios de amparo, definiendo cómo se aplicarán las disposiciones legales a casos en curso y actuaciones futuras, en medio de un debate intenso sobre los derechos ciudadanos y la protección frente al poder público.
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