Tribunal federal ampara a “El Bronco” y ordena desechar proceso que se le dictó por abuso de autoridad
Un Noveno Tribunal Colegiado determinó que el tipo penal del delito por el que fue vinculado a proceso en 2022 viola el principio de legalidad.
CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal colegiado federal amparó al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y ordenó dejar sin efecto la vinculación a proceso que se le dictó en 2022 por el delito de abuso de autoridad, relacionado con la requisa de unidades del transporte público Ecovía.
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito modificó la sentencia de un juzgado de distrito y concedió el amparo al exmandatario. La resolución se fundamenta en que el artículo 209, fracción IV, del Código Penal de Nuevo León, que define el delito de abuso de autoridad, viola el principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad.
Este principio exige que las leyes describan las conductas delictivas de manera clara, precisa e inequívoca, lo que, a criterio del tribunal, no sucede en este caso.
En su fallo, el colegiado —integrado por los magistrados Gabriela Rodríguez Escobar, Gustavo Campos y Martha Román— estableció que “la Justicia de la Unión ampara y protege a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón” contra el auto de vinculación a proceso.
En caso de que las autoridades judiciales de Nuevo León desobedezcan, se impondrá una multa de aproximadamente 3,439.46 pesos
Como consecuencia, el tribunal ordena al Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León que, en una audiencia sin posibilidad de debate, deje sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado el 11 de abril de 2022. En su lugar, deberá emitir un auto de no vinculación a proceso a favor de Rodríguez Calderón.
El tribunal federal dio un plazo de tres días a las autoridades judiciales de Nuevo León para informar sobre el cumplimiento de la sentencia. Advirtió que, en caso de desobediencia, se impondrá una multa de aproximadamente 3,439.46 pesos y se iniciará un trámite por inejecución de sentencia, lo que podría configurar la comisión de un delito por parte del juez responsable.
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