“El gobierno quiere vigilar tu celular” PAN va contra la “Ley Espía”; gobierno asegura que la ley solo regula telecomunicaciones

PAN de Coahuila interpone amparo contra la “Ley Espía”

COAHUILA — De acuerdo con información publicada por Proceso, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila presentó un amparo colectivo contra el paquete de reformas conocido como “Ley Espía”, al considerar que vulnera los derechos humanos, la privacidad y las libertades de los ciudadanos.

La presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado, acompañada de militantes y dirigentes, acudió a los juzgados federales en Saltillo para entregar la documentación. Explicó que el recurso legal será público, de manera que cualquier ciudadano podrá descargarlo, firmarlo y llevarlo al juzgado federal.

Argumentos del PAN

Maldonado afirmó que “lo que quieren es que el gobierno federal tenga conocimiento de los movimientos de cada ciudadano a través de su celular y lo más importante es el tema de la CURP con datos biométricos. Es lo que no queremos que se permita porque es una intromisión, porque el Estado se ha vuelto como el gendarme y el ciudadano se ha vuelto la presa”.

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Añadió que la reforma “viola todos los derechos humanos, los datos personales, la privacidad del ciudadano y la excusa que ponen es que van a atrapar narcotraficantes y gente vinculada con el crimen organizado, pero la verdad es que ni los atrapan porque sus funcionarios son los que están involucrados con el crimen y Estados Unidos es quien tiene que señalar qué funcionarios tienen trato con el crimen organizado”.

El diputado local Gerardo Aguado señaló que al ser un amparo colectivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría eventualmente declarar la inconstitucionalidad de la reforma.

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Críticas a la reforma

De acuerdo con el PAN, la llamada “Ley Espía” obliga a las compañías de telefonía a entregar en tiempo real datos como la geolocalización, las llamadas entrantes y salientes, así como el domicilio de los usuarios. También contempla la generación de un registro de clientes y, en caso de no aceptar, la cancelación de la línea.

Asimismo, se otorgarían facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Guardia Nacional para realizar labores de inteligencia y compartir información con el Centro Nacional de Inteligencia.

Respuesta del Gobierno Federal

El Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), rechazó que la reforma tenga fines de espionaje o censura.

En la conferencia matutina, su titular, José Antonio Peña Merino, aseguró: “el gobierno ni espía, ni censura con la nueva Ley de Telecomunicaciones”. Explicó que la disposición sobre la geolocalización ya existe en la ley vigente desde 2014 y que solo puede aplicarse con una orden judicial.

Merino precisó que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la intervención de equipos telefónicos o la localización de personas únicamente procede cuando el Ministerio Público lo solicite con autorización judicial y que la información debe destruirse cuando no constituya prueba.

Respecto a la supuesta censura, aclaró que lo que se busca es proteger los derechos de las audiencias sin intervención directa del Estado en los contenidos, limitándose a casos de discriminación, diversidad, igualdad de género y protección a la infancia.

Escenario legal

El debate en torno a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión refleja la confrontación entre la visión oficial de que se trata de un instrumento para ampliar el acceso a internet y derechos de audiencia, y la postura de la oposición que advierte un riesgo de intromisión y vigilancia masiva.

El proceso judicial iniciado por el PAN en Coahuila abre la posibilidad de que el tema llegue a la Suprema Corte, donde podría definirse si las reformas cumplen con los principios constitucionales o representan una violación a las libertades ciudadanas.

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