Jornaleras indígenas exigen a Sheinbaum cumplir con decreto de 2025: “¿Tiempo de mujeres? ¿Cuándo lo va a poner en acción?”

Ciudad de México.— Desde la montaña alta de Guerrero, Sara, María, Isabel y Rosa viajaron a la capital del país para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum que haga valer su decreto de designar 2025 como el año dedicado a las mujeres indígenas y que impulse mejoras reales en las condiciones laborales, de salud y de cuidados de las jornaleras agrícolas.

Las mujeres, acompañadas por la Alianza Campo Justo, compartieron crudos testimonios sobre las condiciones en que trabajan desde niñas en los campos del norte del país: discriminación, falta de atención médica, engaños laborales, traslados indignos, salarios precarios y muertes infantiles en los surcos.

Una población invisible para el Estado

De acuerdo con Susana Cruickshank, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, en México hay al menos 2.3 millones de jornaleros migrantes, aunque la cifra real podría duplicarse, ya que muchas familias viajan completas.

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“Esta población ha sido excluida históricamente de políticas públicas y de la sociedad, por su condición económica, social y por ser mayoritariamente indígena”, señaló Cruickshank.

La Red documenta que la mayor parte de jornaleros provienen de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí, y migran principalmente hacia Sinaloa, Baja California y San Quintín.

Cruickshank recordó que, tras la desaparición del Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas (PAJA) en 2018, este sector quedó sin una política pública específica para su atención.

“Nos pagan 200 pesos al día… ¿y los otros 115?”

En la conferencia, Sara denunció que el pago promedio para las jornaleras es de 200 pesos diarios, muy por debajo del salario mínimo profesional de 315 pesos.

“¿Dónde quedaron los 115 que faltan? Trabajamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde y nos pagan dos pesos por cubeta. He tenido que trabajar hasta el último día de embarazo y dar a luz en el surco. Ni siquiera así alcanza para vivir”, relató.

Sara cuestionó directamente a Sheinbaum:

“Dice que es tiempo de mujeres. ¿Tiempo de qué? Si me muero antes de los 60, ¿de qué me sirven los programas que prometen? Queremos apoyo ahora, no cuando ya no estemos”.

Promesas que se vuelven abandono

Isabel pidió a la presidenta visitar las comunidades de la montaña de Guerrero, donde los programas sociales no llegan.

“Cuando necesitan nuestros votos ahí están, hasta nos quieren besar. Pero después nos tiran como basura”, acusó.

María denunció que son trasladados en autobuses sin sanitarios ni asientos suficientes, viajando hacinados, y que los albergues carecen de ventilación y condiciones de seguridad, además de que deben pagar por estufas para cocinar.

Rosa confirmó estas condiciones en campos de Sinaloa, La Paz, Torreón y Vizcaíno, donde no existen estancias infantiles ni escuelas, y a pesar de estar inscritas en programas sociales, nunca reciben los recursos prometidos ni acceso a servicios médicos.

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Falta de inspección y voluntad política

Para Diego de la Mora, director de Fundar, el problema radica en la casi nula supervisión laboral:

“Cuando llegan inspectores, avisan antes. Ese día hay agua y limpieza, pero apenas se van, todo vuelve a estar igual de mal”.

Por su parte, Alejandra Haas, de Oxfam, subrayó la falta de flexibilidad institucional para otorgar seguridad social a las jornaleras:

“Una de cada tres personas jornaleras son mujeres, pero no hay perspectiva de género. Faltan servicios de salud sexual, reproductiva y atención a sus necesidades específicas”.

Guerrero: expulsión forzada por la pobreza

El defensor Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, detalló que unas 40 mil personas migran cada año desde Guerrero, sobre todo de municipios como Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Tlapa, Chalpatláhuac, Alcozauca y Copanatoyac, ante la ausencia de condiciones mínimas de sobrevivencia.

“Mientras no haya condiciones dignas en las comunidades indígenas, las poblaciones jornaleras no podrán acceder a los programas sociales. No pueden quedarse donde no hay nada para sobrevivir”, sostuvo.

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