INE impone sanciones por más de 32 millones de pesos a partidos por irregularidades en estos estados de la república

Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó sanciones económicas por un total de 32 millones 782 mil 800 pesos a diversos partidos políticos por irregularidades detectadas durante los comicios locales celebrados el 1 de junio en los estados de Durango y Veracruz.

Durante la sesión del Consejo General del INE, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que se analizaron 167 proyectos relacionados con los procesos electorales de 2024-2025.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la presentación tardía u omisión de informes, gastos no reportados, anomalías en publicidad y fallas formales en la documentación.

Sonora

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Del total de expedientes revisados, 37 fueron sancionados por haberse acreditado las irregularidades; en 99 casos las denuncias fueron infundadas y en otros 17 se sobreseyeron por falta de materia o duplicidad. Además, 14 quejas fueron desechadas por carecer de elementos para iniciar una investigación.

La consejera Dania Ravel detalló que en Durango las campañas se desarrollaron entre abril y mayo con una participación del 94.3 % en la entrega de informes, y se impusieron sanciones por 11 millones 368 mil 800 pesos.

En Veracruz, aunque se recibió el 100 % de los informes, se detectaron violaciones a la paridad financiera de género, destacando el incumplimiento del PAN y el PVEM en la asignación de recursos a candidatas.

Redes sociales

Ravel también denunció el uso de pauta pagada en redes sociales por parte de supuestos medios digitales que favorecían a ciertas candidaturas con mensajes proselitistas disfrazados de contenido noticioso.

Estas prácticas fueron sancionadas con el 200 % del monto involucrado, al considerarse como aportaciones de personas no autorizadas por la ley electoral.

Finalmente, la consejera criticó la reducción en la severidad de las sanciones y rechazó el aumento en el castigo a candidaturas independientes por egresos no comprobados.

Argumentó que estas candidaturas compiten en desventaja al no contar con financiamiento público ni estructuras partidistas, por lo que deben recibir un trato diferenciado respecto a los partidos políticos.

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