José Manuel viajó legalmente a EEUU en busca de ganar más dinero para el tratamiento de su hijo, pero el gobierno de Trump lo detuvo y lo deportó a prisión de El Salvador junto a más de 230 venezolanos sin pruebas de criminalidad

ESTADOS UNIDOS.— José Manuel Ramos Bastidas, de 30 años, salió de Venezuela en enero de 2024 para intentar conseguir recursos que permitieran pagar el tratamiento médico de su hijo recién nacido, quien sufría una grave afección respiratoria.

Ramos viajó por varios países hasta llegar a la frontera de Estados Unidos, donde no entró ilegalmente: utilizó la aplicación CBP One del gobierno de Joe Biden para agendar una cita y entregarse a los agentes migratorios con la intención de pedir asilo.

Según una investigación de ProPublica, Las autoridades estadounidenses rechazaron su solicitud, y Ramos fue detenido a la espera de su deportación.

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En marzo de 2025, tras una videollamada donde expresó su esperanza de ser devuelto a Venezuela, fue trasladado junto a otros migrantes a una prisión en El Salvador.

¿Qué ocurrió con Ramos y más de 230 venezolanos deportados?

El 15 de marzo, Ramos y más de 230 venezolanos fueron llevados a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador.

La administración de Donald Trump los acusó de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, sin pruebas individuales para cada caso. Esta fue una de las deportaciones masivas más grandes en la historia reciente de EEUU.

Familiares como la madre de Ramos aún esperan respuestas.

¿Qué estará pensando mi hijo?... [Quiero saber] si mi hijo está comiendo bien, si duerme. Si está vivo”, expresó Crisálida del Carmen Bastidas.

¿Los deportados habían cometido delitos en Estados Unidos?

Según una investigación conjunta de ProPublica, The Texas Tribune y periodistas venezolanos, la mayoría de los deportados no tenía antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en Sudamérica. Muchos, como Ramos, siguieron el proceso legal: usaron la app CBP One, asistieron a sus citas judiciales, algunos incluso contaban con TPS (Estatus de Protección Temporal), y otros estaban a punto de tener audiencia cuando fueron expulsados.

En total, más de 60 de ellos tenían solicitudes de asilo activas. A cerca de la mitad se les deportó mientras sus casos aún estaban en proceso, lo cual normalmente no está permitido.

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¿Por qué los enviaron a El Salvador?

La administración Trump cambió las reglas. Un día antes de las deportaciones, invocó la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, del siglo XVIII, y declaró al Tren de Aragua como una amenaza. Así justificaron enviar a cientos de personas a la prisión salvadoreña sin juicios individuales.

Después, el gobierno cerró más de 95 casos migratorios pendientes, algunos incluso horas antes de sus audiencias. Según Michelle Brané, exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional, esta medida fue “muy antiestadounidense”, ya que esas personas estaban siguiendo las leyes vigentes al momento de su ingreso.

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¿Qué alegan los abogados y qué dice el gobierno?

Los abogados presentaron demandas por lo que consideran una violación a los derechos constitucionales de sus clientes. En junio, el juez federal James Boasberg escribió que los hombres “no tuvieron ninguna instancia para apelar la decisión del gobierno” y que “languidecen en una prisión extranjera por acusaciones endebles, hasta frívolas”. El gobierno apeló su fallo.

La administración Trump insiste en que eran peligrosos. Tricia McLaughlin, funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, señaló:

Puede que no tengan antecedentes penales en EEUU... pero muchos de estos extranjeros ilegales están lejos de ser inocentes”.

Señaló el caso de un deportado con TPS que tenía una condena previa por homicidio en Venezuela.

Sin embargo, funcionarios del gobierno anterior de Biden afirman que los controles migratorios no se relajaron durante su administración. También explicaron que no todos los gobiernos comparten los antecedentes penales de sus ciudadanos.

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¿Cómo se identificó a los supuestos pandilleros?

Uno de los principales motivos para vincular a estas personas con el Tren de Aragua fueron los tatuajes. Ramos fue señalado por esta razón, así como por un supuesto informe panameño que nunca pudo ser localizado.

Según la familia y sus abogados, no tiene vínculos con pandillas.

Expertos consultados por los medios indicaron que tener tatuajes no es prueba de pertenencia a la organización criminal.

Otro caso similar es el de Albert Jesús Rodríguez Parra, de 28 años. Fue detenido en un Walmart en Chicago por robo menor, cumplió dos días de cárcel y luego siguió con su vida.

Cuando fue deportado, tenía trabajo, pareja, y enviaba dinero a su madre. Fue incluido en el grupo que fue llevado a El Salvador el 15 de marzo. También fue señalado como pandillero por tener tatuajes.

¿Qué pasó después de la detención en El Salvador?

El 18 de julio, El Salvador retornó a más de 230 hombres a Venezuela, como parte de un intercambio negociado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. A cambio, Venezuela liberó a prisioneros políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos en su territorio. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó el intercambio.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Ramos o Rodríguez Parra están entre los deportados que regresaron a Venezuela.

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¿Qué sigue?

Los familiares de los afectados siguen sin información oficial. Los abogados continúan las demandas en tribunales estadounidenses. Mientras tanto, el gobierno de Trump ha comenzado a retirar el TPS a cientos de miles de personas y mantiene su política migratoria bajo el mismo argumento: combatir a organizaciones extranjeras que considera amenazas.

El caso de Ramos evidencia cómo un migrante que siguió las reglas terminó preso en otro país, sin pruebas claras en su contra.