ICE exige a arrendadores de EEUU que den detalles de sus inquilinos, de sus familias y sus contratos, en nuevo enfoque de Donald Trump para deportar migrantes

ESTADOS UNIDOS.— Las autoridades de inmigración de Estados Unidos están intensificando sus esfuerzos en la campaña de deportaciones al solicitar a los propietarios de inmuebles entregar información detallada sobre sus inquilinos.

Este requerimiento, que incluye contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío y otros documentos personales, ha generado preocupación y debate en el ámbito legal, según la agencia The Associated Press (AP).

Recientemente, varios arrendadores en el área de Atlanta recibieron cartas solicitando información completa sobre sus inquilinos.

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La documentación solicitada incluye desde historial laboral hasta el estado civil y relaciones familiares de los inquilinos, y en algunos casos, información sobre otras personas que residan en el inmueble.

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Dudas sobre la legalidad

A pesar de ser enviada por agentes de USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU), estas cartas no están firmadas por un juez, lo que plantea dudas sobre su legalidad y legitimidad.

No está claro cuántos requerimientos se han emitido, pero podría señalarse como una nueva táctica para ubicar a personas sin estatus migratorio legal en el país”, explicó Eric Teusink, un abogado inmobiliario de la zona.

Qué opinan los propietarios y expertos legales

La falta de firma judicial ha generado, como es de esperarse, inquietud entre abogados y administradores de propiedades. Para algunos, estos requerimientos representan un posible incumplimiento de la Ley de Vivienda Justa, que protege contra la discriminación por raza, color o nacionalidad.

El peligro aquí es el exceso de cumplimiento”, comentó Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho en la Universidad de Tulane. “Solo porque un propietario reciba un requerimiento, no significa que sea una solicitud legítima”.

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Los propietarios también expresaron temor por cumplir con las solicitudes sin saber que los registros de sus inquilinos pueden ser entregados a las autoridades de inmigración sin su consentimiento.

Defensas del ICE: ¿Obligación legal o simple solicitud?

Por su parte, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, defendió el envío de estos requerimientos y aclaró que, a pesar de no contar con la firma de un juez, el ICE tiene la autoridad para obtener registros o testimonios mediante un requerimiento administrativo.

El incumplimiento de un requerimiento administrativo emitido por el ICE puede resultar en serias sanciones legales”, señaló McLaughlin.

Sin embargo, muchos expertos legales siguen cuestionando la legalidad de estas solicitudes sin la intervención de un juez, especialmente porque, en la práctica, los propietarios pueden no estar al tanto de los riesgos legales que enfrentan al proporcionar dicha información.

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Un nuevo enfoque en la campaña de deportaciones

Este tipo de requerimientos no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia durante la administración de Donald Trump. Aunque los agentes del ICE han utilizado citaciones judiciales en el pasado, estas nuevas solicitudes administrativas podrían representar un cambio importante en la forma en que se llevan a cabo las investigaciones sobre el estatus migratorio de las personas en EEUU.

En este sentido, los expertos legales sugieren que los propietarios deberían ser cautelosos y consultar con abogados antes de acatar estas solicitudes.

Los requerimientos del ICE han sido más comunes en investigaciones de policías locales, no en propietarios de viviendas”, comentó Lindsay Nash, profesora de derecho en la Universidad Yeshiva.

Opiniones de propietarios y administradores de propiedades

Para muchos administradores de propiedades, estos requerimientos son algo nuevo y confuso. Anthony Luna, director de Coastline Equity, una empresa que gestiona propiedades en Los Ángeles, afirmó que la mayoría de los propietarios no planea cumplir con las solicitudes del ICE si no están firmadas por un juez.

Si están buscando criminales, ¿por qué no están revisando documentos judiciales?”, cuestionó Luna, refiriéndose a los métodos tradicionales de investigación legal.

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La comunidad legal y los propietarios de viviendas se mantienen a la espera de futuras directrices y posibles decisiones judiciales que clarifiquen los límites de este tipo de solicitudes. Mientras tanto, el debate sobre la legalidad y los efectos de estas acciones continúa abierto, con muchas preguntas aún por responder.