Rescatan a 700 personas de un rancho en Guanajuato en estado de vulnerabilidad; se presume trata de personas con fines de explotación laboral

GUANAJUATO.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) abrió una carpeta de investigación por trata de personas con fines de explotación laboral, tras el hallazgo de alrededor de 700 personas en un rancho del municipio de Dolores Hidalgo, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad.

El operativo fue ejecutado mediante una orden de cateo y reveló que las víctimas proceden en su mayoría de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, según El Sol de México.

Luego de su localización, las personas afectadas recibieron atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento legal y social, a través de diversas instituciones estatales y municipales.

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Se espera que, en los próximos días, se inicie el proceso de identificación y restitución de derechos para cada persona rescatada.

Amplia coordinación institucional

La intervención fue encabezada por la Fiscalía y contó con el respaldo de un amplio equipo interinstitucional, que incluyó a la Guardia Nacional (GN), Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, el DIF estatal y municipal, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

También se desplegó la unidad canina K9, especializada en rastreo e inspección de personas y sustancias.

Hallazgo adicional: narcóticos

Durante el operativo fue detenida una persona en posesión de drogas, por lo que se abrió una carpeta de investigación paralela. Las autoridades no han revelado aún si este individuo tiene relación directa con la presunta red de trata.

La Fiscalía aseguró que este operativo forma parte de una estrategia integral para combatir delitos contra la dignidad humana, especialmente en contextos de migración y pobreza.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el trabajo conjunto para garantizar el acceso a la justicia y proteger a las personas en situación de riesgo.

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