Gentrificación selectiva encarece rentas y desplaza a habitantes en CDMX, afirma UNAM
Durante una ponencia sobre Movilidad Social y Gentrificación, Umaña Reyes explicó que este fenómeno está transformando barrios enteros, modificando su composición social y generando una presión económica.

Ciudad de México.– La Ciudad de México experimenta un proceso de gentrificación selectiva en zonas como Insurgentes, Reforma, Roma y Condesa, donde el costo de alquilar un departamento se incrementó en un 17.55 por ciento durante 2024, alertó Lorena Margarita Umaña Reyes, especialista en sociología urbana del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM.
Durante una ponencia sobre Movilidad Social y Gentrificación, Umaña Reyes explicó que este fenómeno está transformando barrios enteros, modificando su composición social y generando una presión económica que expulsa a los residentes tradicionales, al elevar el costo de vida y sustituir comercios barriales por negocios orientados al turismo y el consumo de alto nivel.
Colonias principalmente afectadas
La académica indicó que en colonias como Roma y Condesa, donde ha proliferado la llegada de nómadas digitales y plataformas de renta vacacional, las rentas se han encarecido hasta en un 94 por ciento, y en algunos casos alcanzan un incremento de 118 por ciento.
Este proceso está vinculado, dijo, con la entrada de capitales transnacionales que especulan con el valor del suelo urbano, convirtiendo la vivienda en un activo financiero.
Datos del Inegi señalan que la CDMX ha perdido 248 mil habitantes, que se han visto obligados a mudarse a la periferia. El 42 por ciento de estas personas ahora residen en el Estado de México, fenómeno que refleja el impacto de la presión inmobiliaria.
Umaña Reyes destacó que, aunque la gentrificación puede traer consigo mejoras en infraestructura, servicios urbanos y empleo, los efectos negativos recaen principalmente en sectores vulnerables, para quienes la modernización se traduce en despojo y desplazamiento.
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Finalmente, la especialista subrayó la necesidad de que el Estado intervenga con regulaciones al mercado de alquiler, con el objetivo de garantizar el acceso a vivienda asequible y frenar los procesos de exclusión provocados por la especulación inmobiliaria.
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