Corte frena cobro de 2% a apps de reparto por uso de calles en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó de manera definitiva el cobro del 2% a plataformas digitales de reparto por el uso de las calles capitalinas, al considerar que se trata de un impuesto indebido y que el Congreso de la Ciudad de México no tiene facultades para legislar sobre comercio electrónico.

A través de la Segunda Sala, con tres votos a favor y uno en contra, las y los ministros resolvieron que el cobro previsto en el artículo 307 TER del Código Fiscal de la CDMX, reformado en 2021, es inconstitucional. Dicha disposición obligaba a plataformas digitales —como las que intermedian la entrega de alimentos, paquetes o víveres— a pagar un 2% sobre sus comisiones antes de impuestos por presuntamente aprovechar la infraestructura urbana.

El fallo se dio en respuesta al amparo promovido por una empresa de reparto que alegó diversas violaciones a derechos fundamentales, entre ellos el de igualdad, legalidad y libre concurrencia.

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La empresa argumentó que el cobro era discriminatorio al no aplicarse a todos los usuarios de la infraestructura vial, y además generaba inseguridad jurídica al no quedar claro quiénes estaban obligados a pagar. También sostuvo que el uso de las calles no representa un aprovechamiento especial, sino un derecho general, por lo que imponer una contribución específica resultaba desproporcionado.

Inicialmente, una jueza federal dio la razón a la compañía, lo que llevó al Gobierno de la Ciudad de México a impugnar el fallo. El caso escaló al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que solicitó la intervención de la Suprema Corte, misma que aceptó atraer el asunto en marzo de 2023.

Finalmente, el pasado 18 de junio de 2025, la Corte confirmó la resolución original y sentó un precedente que podría beneficiar a otras empresas en situación similar.

El fallo limita el margen de maniobra del Congreso local en temas de fiscalización a plataformas digitales y refuerza la competencia federal sobre el comercio electrónico, en un contexto donde cada vez más servicios operan bajo esquemas digitales.

Hasta el momento, el Gobierno capitalino no ha emitido una postura oficial sobre la resolución.