Sería constitucional que la Guardia Nacional escuche tus llamadas privadas si se aprueba esta ley

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley para regular el funcionamiento de la Guardia Nacional, la cual establece mecanismos de control judicial y lineamientos para garantizar el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el documento enviado por el Ejecutivo a la Comisión Permanente del Congreso, la propuesta contempla que la intervención de comunicaciones privadas solo podrá llevarse a cabo con la aprobación de una autoridad jurisdiccional.

Esta medida aplicaría en casos donde existan indicios de que se planea la comisión de delitos, bajo los términos establecidos por un juez.

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La iniciativa especifica que los integrantes de la Guardia Nacional deberán regirse por principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez y respeto a las garantías fundamentales.

Asimismo, se indica que cualquier dato obtenido que vulnere derechos fundamentales carecerá de valor probatorio.

¿En qué casos se va a permitir intervenir llamadas?

Entre los delitos que permitirían la autorización judicial para realizar escuchas telefónicas están los relacionados con el narcotráfico, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual contra menores, homicidios vinculados a la delincuencia organizada, tráfico de armas, tráfico de personas y desaparición forzada cometida por particulares, así como asaltos en carreteras.

La propuesta también contempla que la Guardia Nacional pueda recabar información en espacios públicos utilizando herramientas necesarias para labores de inteligencia preventiva. En estos casos, el respeto a la vida privada deberá ser garantizado.

Por otra parte, la corporación podría solicitar, bajo conducción del Ministerio Público, información a concesionarios, operadores y comercializadoras de servicios de telecomunicaciones.

Esto incluye la georreferenciación en tiempo real de equipos móviles, con el objetivo de prevenir delitos.

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La iniciativa establece que la Guardia Nacional podrá desempeñar funciones de seguridad pública en coordinación con entidades federativas y municipios.

Para ello, se firmarán convenios específicos y las autoridades locales deberán presentar informes periódicos sobre el avance de sus programas de fortalecimiento institucional en materia de seguridad.