Esta es la cantidad de dinero que tendríamos que aportar todos los mexicanos para acabar con la deuda externa nacional

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) es una métrica clave que refleja la deuda total del sector público federal en México, y es una de las formas más completas de entender el endeudamiento del gobierno.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), para finales de 2024, cada mexicano tendría que aportar 126,917 pesos si se intentara saldar esta deuda, un incremento significativo en comparación con los 83,747 pesos por persona en 2018, al inicio del actual sexenio.

Aumento en la deuda mexicana

El aumento en la deuda se debe, en gran parte, al déficit fiscal, que ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha advertido que el déficit propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para 2024 incrementará la carga de deuda futura, afectando incluso a los niños nacidos en ese año, quienes nacerán debiendo aproximadamente 126,000 pesos.

México

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La cuestión de si la deuda del gobierno es buena o mala depende de cómo se utiliza. En términos generales, endeudarse puede ser positivo si el dinero se destina a inversiones que generen un retorno futuro, como educación, infraestructura, salud, y seguridad.

Estas inversiones pueden fortalecer la economía a largo plazo, mejorar el bienestar social y, eventualmente, aumentar los ingresos del gobierno.

Sin embargo, si la deuda se utiliza para cubrir gastos corrientes, como pagar salarios o financiar el gasto diario sin generar ingresos adicionales o mejoras en la productividad, puede llevar a una situación insostenible.

Esto se asemeja a un hogar que se endeuda no para invertir en un negocio o en educación, sino para pagar las cuentas diarias, lo cual puede llevar a problemas financieros si los ingresos no aumentan en el futuro.

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Por lo tanto, es crucial que la deuda gubernamental se maneje de manera prudente, asegurando que los fondos prestados se utilicen en proyectos que beneficien a la economía y a la sociedad en el largo plazo, en lugar de cubrir necesidades inmediatas sin un retorno claro.