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Senado mexicano aprueba ley para regular drones: hasta 40 años de cárcel por uso indebido

La medida busca combatir el empleo delictivo de estos dispositivos, especialmente en regiones como Michoacán, donde se utilizan para actividades criminales como el “halconeo” y el lanzamiento de explosivos.

Senado mexicano aprueba ley para regular drones: hasta 40 años de cárcel por uso indebido

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República ha aprobado una reforma al Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de regular el uso de aeronaves no tripuladas, comúnmente conocidas como “drones”. Esta medida tiene como fin sancionar el uso indebido de estos dispositivos, especialmente en actividades delictivas, con penas que podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión.

Sanciones para el uso indebido de drones

La reforma, que ahora pasa al Ejecutivo Federal para su aprobación final, establece penas de prisión que van desde los 15 hasta los 40 años, además de multas que podrían ascender hasta mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Estas sanciones se aplicarán a quienes utilicen drones para cometer conductas ilegales.

Frenando el uso delictivo en regiones específicas

La medida busca específicamente controlar el uso extendido de drones en regiones como Michoacán, donde los delincuentes emplean estos dispositivos para actividades como el “halconeo” o incluso para el lanzamiento de explosivos contra la población civil y las fuerzas de seguridad.

Penalización por tráfico de dispositivos

La reforma también busca penalizar el tráfico de drones equipados con dispositivos para transportar objetos ilícitos, como armas, drogas o explosivos. Para quienes importen, fabriquen, adquieran o adapten drones con estos fines, se propone una pena de prisión de cinco a 10 años.

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Vigilancia ilegal y toma de control de infraestructura

Finalmente, el dictamen contempla sanciones para el uso de drones equipados con dispositivos de vigilancia ilegal, así como para aquellos que tomen el control de infraestructura crítica, como aeropuertos o servicios de navegación aérea o marítima. Las penas podrían alcanzar hasta los 20 años de prisión.

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