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Presidenta de la Cámara de Diputados critica entrada en vigor de Ley SB4 en Texas

“Es una desproporción calificar como delito el flujo de personas migrantes y cobijar expresiones de odio y discriminación racial”, declaró Guerra Castillo.

Presidenta de la Cámara de Diputados critica entrada en vigor de Ley SB4 en Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, expresó su preocupación ante la entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, calificándola como “muy desafortunada”. Esta medida, según Guerra Castillo, no solo criminaliza la migración, sino que también viola los derechos humanos fundamentales.

Crítica a la Criminalización Migratoria

Guerra Castillo señaló que calificar como delito el flujo de personas migrantes y permitir expresiones de odio y discriminación racial representa una desproporción alarmante. Esta postura, según la legisladora, atenta contra la integridad de los derechos fundamentales de los migrantes.

La diputada resaltó la alta preocupación debido a que Texas alberga a cerca de 10 millones de mexicanoamericanos, convirtiéndose en uno de los estados con mayor población de este grupo étnico. Además, destacó la significativa contribución económica que realizan a la región.

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Omisión de Vínculos Bilaterales

Guerra Castillo lamentó que Texas pareciera pasar por alto su cercanía con estados mexicanos como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, así como su papel crucial en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Estos lazos, afirmó la legisladora, promueven la prosperidad compartida entre las regiones.

La presidenta recordó datos de Latinometrics que revelan un intercambio económico significativo entre México y Texas, alcanzando los 286 mil millones de dólares en 2022. Este flujo comercial, según Guerra Castillo, evidencia la estrecha relación económica entre ambas regiones.

Respuesta ante la Situación

Finalmente, Guerra Castillo subrayó la importancia de contrarrestar este tipo de acciones que, según sus palabras, son “criminalizantes y violatorias de derechos”. Además, reconoció la postura del Gobierno del presidente Biden al recurrir ante el tribunal federal de apelaciones del quinto circuito en Nueva Orleans para frenar esta acción, la cual considera orquestada por intereses electorales.

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