Denuncian crisis de derechos humanos en pueblos originarios del sur

CHIAPAS.- Activistas en el estado de Chiapas denunciaron una creciente crisis de derechos humanos, marcada por desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados, que consideran no han sido adecuadamente abordados por las autoridades mexicanas.

Durante la celebración del 35 aniversario del Centro de Derechos Humanos en San Cristóbal de Las Casas, Dora Lilia Roblero García, directora del centro, instó a la reflexión sobre la situación en el estado, destacando la falta de atención gubernamental a los problemas.

Roblero García expresó preocupación por la falta de acción por parte de las autoridades para investigar y resolver los casos de violencia y violación de derechos humanos en Chiapas, agudizados desde 2022, que han dejado a muchas personas en situación de miedo y afectación psicológica.

Eventos para la Concienciación

El Frayba, como también se le conoce al Centro de Derechos Humanos, organizó un evento en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cedeci) que reunió a diversas organizaciones y figuras prominentes, incluyendo al obispo Raúl Vera López y a Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

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A pesar de los esfuerzos de organizaciones como El Frayba durante 35 años, los cambios por parte de las entidades gubernamentales han sido escasos, pues persisten las privaciones arbitrarias de la libertad, torturas sistemáticas y violencia estructural.

Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre de Acteal en 1997, perpetrada por paramilitares que dejaron a 45 personas sin vida, lamentó que las víctimas de violencia en Chiapas no reciban una justicia digna debido a su condición socioeconómica y étnica.

Parece que no somos seres humanos merecedores de una justicia digna porque somos pobres, porque somos indígenas, porque no somos ricos” agregó.

Compromiso de las Organizaciones

Ante el clima de “guerra civil” presentes en Chiapas por los conflictos armados, presencia de grupos del crimen organizado y carteles del narcotráfico, lo que ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las organizaciones se comprometieron a buscar nuevas estrategias para proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas en México.

Con la perspectiva de los procesos electorales en México en 2024 y la persistente violencia en Chiapas, las organizaciones anunciaron su determinación de enfrentar los desafíos y hacer valer los derechos humanos de las comunidades afectadas.

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