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Pareja recibe 18 años de cárcel por explotación infantil en Edomex

Desde los siete años, la criatura era obligada a vender papitas y fue víctima de constantes golpizas por parte de la pareja cuando no lograba vender los productos

Pareja es sentenciada a 18 años de cárcel por agredir a menor. // Foto: Especial/El Universal

TENANCINGO, Estado de México.- Celia García López y Efraín Millán Medina fueron condenados a 18 años y 9 meses de prisión por obligar a un niño a vender papitas y frituras. La sentencia fue dictada después de que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) demostrara su participación en el delito de trata de personas.

Este delito se enmarca en la modalidad “de al que se beneficie de la explotación de una persona a través de los trabajos forzados mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”.

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La investigación emprendida por la Fiscalía del Estado de México descubrió que desde 2016 hasta agosto de 2022, los individuos condenados forzaron a un niño, pariente de Celia García López, a vender frituras en las calles del municipio de Tenancingo. Si el niño no lograba vender los productos, sufría agresiones físicas y verbales.

En julio de 2022, el personal de la Fgjem comenzó a investigar después de recibir una denuncia ciudadana. Esta denuncia alertaba sobre la posible perpetración de delitos contra un menor de edad.

Desde los siete años, el pequeño estaba siendo obligado a vender frituras y, además, era víctima de constantes golpizas por parte de la pareja.

Ministerio Público recabó datos contra acusados

Con el avance en la indagatoria, el agente del Ministerio Público recabó datos de prueba en contra de los implicados, contra quienes solicitó orden de aprehensión, mandamiento judicial que fue otorgado por un juez y cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación (PDI), en mayo de 2023.

Ambas personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, a disposición de un Juez, quien luego de revisar las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Ministerio Público y tras proceso legal les dictó la sentencia condenatoria.

Además de la pena privativa de libertad, deberán pagar multa de 2 millones 345 mil 362 pesos y la cantidad de 79 mil 612 pesos como reparación del daño, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

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