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Gobierno de México pide juicio político contra juez acusado de favorecer a grupos criminales

El juez Crescencio Contreras Martínez, es señalado de favorecer a grupos criminales vinculados con la desaparición de 31 migrantes en Tamaulipas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la Cámara de Diputados y a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobierno de México ha presentado una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas.

La denuncia se fundamenta en las alegadas acciones de favorecimiento hacia grupos delictivos vinculados con la desaparición de 31 personas migrantes en dicho estado.

Según la Segob, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, durante los trabajos del Gabinete de Seguridad se identificaron “probables actuaciones” por parte del juez Contreras que favorecerían a miembros de grupos criminales que operan en la frontera norte del país, “y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”

Existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”, señaló Gobernación.

Fundamentos de la denuncia

En la denuncia entregada por Alcalde Luján a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se informó a las diputadas y a los diputados de “diversos casos de alto impacto”.

En dicha denuncia, se menciona la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces.

Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución”, dijo Segob.

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La secretaria de Gobernación indicó que la denuncia fue por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se analice y, en su caso, presente acusación al Senado “para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas”.

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