Solicitan juicio político por no aplicar Ley de Víctimas
El diputado Juan Manuel Molina promovió el juicio político.
BAJA CALIFORNIA, México.- Contra ex funcionarios del Gobierno Estatal, se solicitó un juicio político en el Congreso del Estado, fundamentado en omitir implementar los ordenamientos de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California.
El juicio se pide para Francisco Rueda Gómez, ex Secretario General de Gobierno; Perla Ibarra Leyva, ex Procuradora General de Justicia del Estado y actual magistrada; Loreto Quintero Quintero, ex oficial mayor y actual diputada; y Bladimiro Hernández Diáz, ex secretario de Planeación y Finanzas.
Fue promovido por el diputado Juan Manuel Molina García, señalando que cada uno cometió violaciones graves y sistemáticas, al no acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Entre las omisiones precisó que los funcionarios fueron omisos al no integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), y la creación formal del Centro de Atención Integral de la Comisión, los cuales debieron operar desde junio del 2018, dijo.
“Violentaron flagrantemente los derechos de las victimas de Baja California, aun con exhortos federales para que ajustaran el sistema, y no se vino haciendo, se sujetaron a procesos de simulación”, aseveró Molina.
No se creó el fondo para resarcir los daños a victimas, declaró que todo surge de las denuncias tras el levantamiento de jornales en San Quintín, luego de que violentaron sus derechos humanos en marzo del año 2015.
No hubo interesados: Rueda
El ex secretario Rueda, rechazó que hubo omisiones en la integración de la comisión estatal de víctimas para Baja California por la administración estatal anterior, el retraso se debió a convocatorias desiertas.
“Rechazamos tajantemente dicho señalamiento, considerando con todo respeto que al diputado en mención le hace falta información respecto al tema”, comentó Rueda Gómez.
Recordó que desde que entró en vigor la ley el día 29 de octubre del 2018, se fijó un plazo de 90 días para que se lanzara la convocatoria para todos los ciudadanos que quisieran formar parte como candidatos a comisionado ejecutivo de atención a víctimas para Baja California
El ex funcionario estatal, defendió que la convocatoria fue publicada el 21 de Diciembre del 2018, la cual se declaró desierta por no haber registros. El 22 de marzo del 2019 se publicaron reformas a fin de ampliar el plazo de nombramiento.
Fue hasta el 17 de mayo del 2019 que se publicó una segunda convocatoria, declarándose igualmente desierta, ya que solo dos personas se registraron y no se cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley.
“Por último el 19 de agosto del 2019 se publicó una tercera convocatoria en la que pasado el tiempo establecido, en la misma sí se integró una terna de ciudadanos”, explicó Rueda.
Sin embargo, los tiempos en ese momento se cruzaron con el proceso de transición, por lo cual quedó como un asunto a concluir sin menoscabo de la atención que se le dio a al tema, argumentó.
“Por lo qué nuestra postura es y será siempre a favor de la legalidad y transparencia siempre apegados a lo que establece la norma jurídica y a la sensibilidad que amerita el caso”, añadió Rueda.
“Yo ni estaba”: Loreto
La también acusada, Loreto Quintero Quintero, señaló que ella ni siquiera estaba en desempeñando funciones como Oficial Mayor, cuando se llevó a cabo todo el mencionado asunto.
“Presenté licencia a dicho cargo el 28 de febrero al 2 de junio del año 2019, presentando mi renuncia definitiva el 15 de julio, el proceso de para integrar la Comisión tomó tiempo”, mencionó.
“Soy una mujer con 40 años de trayectoria como servidora pública y en ese tiempo me he conducido con legalidad y honestidad, mi experiencia me respalda”, informó la actual diputada panista.
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