Reincide 30% de liberados de penales
Reincide 30% de liberados de penales
La densidad poblacional en los penales de Baja California disminuyó un 36% en tan sólo dos años, no obstante, la tercera parte de los liberados reinciden en actos vandálicos.
David Limón Grijalva, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), atribuyó este panorama a la entrada del Nuevos Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Explicó que el NSJP permitió que muchos de los internos recibieran beneficios para que fueran liberados antes de lo pronosticado y que hayan disminuido los ingresos debido a que las autoridades no logran siquiera vincularlos a proceso.
Hace dos años había 18 mil internos en los penales del Estado, actualmente hay 11 mil 500, es decir, 6 mil 500 fueron liberados, los cálculos, señalan que el 33% está reincidiendo, precisó. “La delincuencia los espera a su salida, algunos duran tres o cuatro meses para amanecer muertos, pero lo que sucede es que nadie les brinda trabajo por la misma carta de antecedentes penales”, precisó.
Vuelven a las cárceles el 3%, pero estimó que el 30% reincide, ya que a través del NSJP, pueden salir de muchas maneras, sumando los que no son atrapados por las autoridades.
“Esto se debe a que no tienen trabajo, la sociedad no está preparada para integrarlos, Baja California es punta de lanza para los demás estados, sí hay una rehabilitación, para que la gente los contrate, las cárce- les ya no son universidades de la delincuencia”, explicó.
“Había 18 mil internos hace dos años, actualmente hay 11 mil 500, muchos salieron por que cumplieron su sentencia, obtuvieron beneficios, pero sobre todo es porque ya no están ingresando”, compartió. Aseveró que el Estado no ha pensado qué hacer con ellos, por eso hablaron con Coparmex, ya que hay algunas empresas maquiladoras interesadas en contratarlos, para que los ex convictos, tengan un ingreso legal.
EL ESTIGMA DE UNA CARTA
Derechos Humanos buscaba que desapareciera la carta de antecedentes penales, ya que es la principal causa de que no encuentren trabajo los liberados, de ser así, la sociedad en general va a padecer un ocultamiento, comentó el subsecretario.
“Es decir no van a saber a quien contratan, eso es delicado porque si contratas a un homicida o un violador, y en el trabajo genera una actitud perjudicial la empresa lo padecería”, explicó.
Aseveró que de eliminarla el Gobierno sería cómplice de ocultar una realidad, la idea estudiada es evitar la tendencia a desaparecerla bajo el argumento de que es un estigma de delincuente.
Anunció que una opción de solución es que al reverso de la carta, describan las actividades que el liberado realizó dentro del penal, como una carta de conducta que lo ayude a obtener trabajo al tener un aval del Gobierno.
“En Baja California sí se va a hacer, para finales de enero tendrán establecido cómo lo van a desarrollar, la carta que venga en blanco quiere decir que sí se portó mal, y cargará con el estigma por propia convicción a no querer corregir su camino”, señaló.
ELIMINAN PATRONATOS DE LIBERADOS
La ley de ejecución penal provocó algunos cambios, como la inexistencia de los patronatos de liberados, según lo publicado por la Secretaría General de Gobierno en el Periódico Oficial del Estado.
Los tres patronatos que se encargaban de dar seguimiento a los liberados y apoyarlos para la obtención de trabajo y otros aspectos, ya no existen, sin embargo Limón explicó que su figura jurídica cambiará a asociación civil, por lo que se trata de una transformación.
La ley determina inexistentes los patronatos, pero permite al Sistema Penal, apoyarse de diferentes instituciones, lo que harán con los patronatos de Baja California, será convertirse a organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Calculó que a inicios del 2018 darán a conocer la figura jurídica ante un notario para darles la fortaleza como asociación civil, no como patronatos, ya que la ley marca que el propio sistema penitenciario debe manejar a los liberados.
La ley apunta a la corresponsabilidad, por lo que otras instituciones tienen la obligación de apoyar el sistema penitenciario, hizo hincapié en la corresponsabilidad de la Secretaría de Salud.
“La Secretaría de Salud ya no es si quiere, es su obligación el ir a dar el tratamiento sin cobro alguno, si algo sucede dentro del penal en términos de salud de internos, no sólo es mi responsabilidad también lo es de la Secretaría de Salud”, advirtió.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, dependencias de deportes y cultura, deben de empezar a apoyar el sistema dentro del penal o a las asociaciones que ayudan a los liberados.
En Baja California había tres patronatos, uno en Mexicali, uno en Ensenada y uno en Tijuana, sólo cambia la cuestión jurídica, el fondo es lo mismo, cambiaron la forma, declaró.
El fundamento de este cambio es que la penitenciaría se haga cargo, aunque esto depende del presupuesto, el cual no alcanza, por lo que cambiando a ONG los patronatos, pueden allegarse de recursos de otras formas, no sólo de la SSPE.
Hay 149 liberados colocados en trabajo durante el 2017 a nivel estatal a través de los patronatos, se les dan apoyos como uniformes, útiles escolares, albergue, despensas, servicios médicos, orientación psicológica, transporte a su lugar de origen a los repatriados, asesoría jurídica, entre otros sustentos, concluyó.
EN DATOS
18 mil internos había en los penales de BC hace dos años
11 mil 500 internos hay en los penales de BC actualmente
3% de los liberados reingresa a un penal 30% de los liberados reincide en delitos
David Limón Grijalva, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), atribuyó este panorama a la entrada del Nuevos Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Explicó que el NSJP permitió que muchos de los internos recibieran beneficios para que fueran liberados antes de lo pronosticado y que hayan disminuido los ingresos debido a que las autoridades no logran siquiera vincularlos a proceso.
Hace dos años había 18 mil internos en los penales del Estado, actualmente hay 11 mil 500, es decir, 6 mil 500 fueron liberados, los cálculos, señalan que el 33% está reincidiendo, precisó. “La delincuencia los espera a su salida, algunos duran tres o cuatro meses para amanecer muertos, pero lo que sucede es que nadie les brinda trabajo por la misma carta de antecedentes penales”, precisó.
Vuelven a las cárceles el 3%, pero estimó que el 30% reincide, ya que a través del NSJP, pueden salir de muchas maneras, sumando los que no son atrapados por las autoridades.
“Esto se debe a que no tienen trabajo, la sociedad no está preparada para integrarlos, Baja California es punta de lanza para los demás estados, sí hay una rehabilitación, para que la gente los contrate, las cárce- les ya no son universidades de la delincuencia”, explicó.
“Había 18 mil internos hace dos años, actualmente hay 11 mil 500, muchos salieron por que cumplieron su sentencia, obtuvieron beneficios, pero sobre todo es porque ya no están ingresando”, compartió. Aseveró que el Estado no ha pensado qué hacer con ellos, por eso hablaron con Coparmex, ya que hay algunas empresas maquiladoras interesadas en contratarlos, para que los ex convictos, tengan un ingreso legal.
EL ESTIGMA DE UNA CARTA
Derechos Humanos buscaba que desapareciera la carta de antecedentes penales, ya que es la principal causa de que no encuentren trabajo los liberados, de ser así, la sociedad en general va a padecer un ocultamiento, comentó el subsecretario.
“Es decir no van a saber a quien contratan, eso es delicado porque si contratas a un homicida o un violador, y en el trabajo genera una actitud perjudicial la empresa lo padecería”, explicó.
Aseveró que de eliminarla el Gobierno sería cómplice de ocultar una realidad, la idea estudiada es evitar la tendencia a desaparecerla bajo el argumento de que es un estigma de delincuente.
Anunció que una opción de solución es que al reverso de la carta, describan las actividades que el liberado realizó dentro del penal, como una carta de conducta que lo ayude a obtener trabajo al tener un aval del Gobierno.
“En Baja California sí se va a hacer, para finales de enero tendrán establecido cómo lo van a desarrollar, la carta que venga en blanco quiere decir que sí se portó mal, y cargará con el estigma por propia convicción a no querer corregir su camino”, señaló.
ELIMINAN PATRONATOS DE LIBERADOS
La ley de ejecución penal provocó algunos cambios, como la inexistencia de los patronatos de liberados, según lo publicado por la Secretaría General de Gobierno en el Periódico Oficial del Estado.
Los tres patronatos que se encargaban de dar seguimiento a los liberados y apoyarlos para la obtención de trabajo y otros aspectos, ya no existen, sin embargo Limón explicó que su figura jurídica cambiará a asociación civil, por lo que se trata de una transformación.
La ley determina inexistentes los patronatos, pero permite al Sistema Penal, apoyarse de diferentes instituciones, lo que harán con los patronatos de Baja California, será convertirse a organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Calculó que a inicios del 2018 darán a conocer la figura jurídica ante un notario para darles la fortaleza como asociación civil, no como patronatos, ya que la ley marca que el propio sistema penitenciario debe manejar a los liberados.
La ley apunta a la corresponsabilidad, por lo que otras instituciones tienen la obligación de apoyar el sistema penitenciario, hizo hincapié en la corresponsabilidad de la Secretaría de Salud.
“La Secretaría de Salud ya no es si quiere, es su obligación el ir a dar el tratamiento sin cobro alguno, si algo sucede dentro del penal en términos de salud de internos, no sólo es mi responsabilidad también lo es de la Secretaría de Salud”, advirtió.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, dependencias de deportes y cultura, deben de empezar a apoyar el sistema dentro del penal o a las asociaciones que ayudan a los liberados.
En Baja California había tres patronatos, uno en Mexicali, uno en Ensenada y uno en Tijuana, sólo cambia la cuestión jurídica, el fondo es lo mismo, cambiaron la forma, declaró.
El fundamento de este cambio es que la penitenciaría se haga cargo, aunque esto depende del presupuesto, el cual no alcanza, por lo que cambiando a ONG los patronatos, pueden allegarse de recursos de otras formas, no sólo de la SSPE.
Hay 149 liberados colocados en trabajo durante el 2017 a nivel estatal a través de los patronatos, se les dan apoyos como uniformes, útiles escolares, albergue, despensas, servicios médicos, orientación psicológica, transporte a su lugar de origen a los repatriados, asesoría jurídica, entre otros sustentos, concluyó.
EN DATOS
18 mil internos había en los penales de BC hace dos años
11 mil 500 internos hay en los penales de BC actualmente
3% de los liberados reingresa a un penal 30% de los liberados reincide en delitos
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