Por “error”, Congreso no ha entregado información de APPs

Un “error” en la emisión del recibo de cobro es lo que ha retrasado la entrega de información sobre la asignación de la obra por modelo de Asociación Público Privada (APP) de la planta potabilizadora de La Nopalera, en Tecate, al abogado Fernando Rosales Figueroa.

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En sesión ordinaria, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIPBC) aprobó que Daniel de León Ramos, director de Procesos Parlamentarios del Congreso del Estado, subsane los errores en el recibo de cobro con plazo de un día.

El acuerdo de incumplimiento aprobado por el instituto este jueves, señala que de no cumplir con lo ordenado, se le impondría una multa de 400 salarios mínimos o Unidades de Medida y Actualización (UMA) por un monto de 32 mil 240 pesos.

Octavio Sandoval López, consejero presidente del ITAIPBC, calificó como negligente el proceder del Congreso del Estado para dar cumplimiento al proceso iniciado en el recurso de revisión REV/445/2017, promovido por el abogado Fernando Rosales Figueroa.

El litigante interpuso una denuncia en contra de los diputados de la XXII Legislatura, así como del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, un ex secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano así como del secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, por presuntos actos de corrupción de corrupción, como peculado, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias.

Para ello, solicitó copias certificadas al Congreso del Estado de documentación analizada por la Comisión de Hacienda en el Dictamen 62, votada en diciembre de 2016, sobre la iniciativa de decreto y pagos de contraprestación a una empresa particular por la operación y mantenimiento de la Planta Potabilizadora La Nopalera, en Tecate.

El ITAIP desclasificó la reserva de la información que había clasificado el Congreso y posteriormente ordenó reajustar los costos de entrega de la información, inicialmente de más de un millón de pesos y que hoy sería de unos 15 mil pesos.

Sin embargo, por más de cuatro meses, entre el Congreso del Estado y la oficina de Recaudación de Rentas se deslindaron de la emisión de recibos de cobro, para así acceder a la información. Finalmente, se determinó que es el Poder Legislativo el que debe emitirlo.