Defienden regidores panistas gestión social y de asesores de los ediles

Ediles mexicalenses no ejercen el gasto social de forma arbitraria, aseguraron regidores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) ante las críticas emitidas por el sector empresarial sobre el manejo de esta y otras partidas al interior del Cabildo de Mexicali.

En rueda de prensa, los regidores aseguraron que esta partida, además de la destinada al pago de asesores, no representa un privilegio, sino que está debidamente fiscalizada por otras áreas que regulan su ejercicio, como la Sindicatura Municipal o la propia Presidencia.

La regidora Victoria Guerrero Urquídez, coordinadora de la bancada del PAN en el Cabildo de Mexicali, resaltó que ante las críticas ciudadanas se hará la propuesta para que el recurso para apoyo social, que tuvo su último aumento en 2020, sea destinado a Bienestar Social Municipal (Bisom).

Mexicali

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“Propondremos que dichos recursos se redireccionen al área de Bienestar Social Municipal, honrando su vocación original de apoyo directo al ciudadano a través del ejercicio de dicha entidad paramunicipal” aseguró.

En cuanto a la partida destinada para la contratación de asesores, Guerrero Urquídez reconoció que recientemente se dio un incremento aprobado por todas las fuerzas políticas, con la justificación de dar mayor apoyo en el análisis de las iniciativas presentadas ante Cabildo.

Sin embargo, ante las críticas recibidas los cuatro regidores del PAN acordaron destinar el monto de este incremento a “acciones de seguridad y protección ciudadana”, además de otros rubros como obras y servicios.

“Es este incremento de 25 mil pesos que fue aprobado el que se va a destinar a esas obras, dando preferencia al tema de seguridad” afirmó “yo creo que es el tema que más se ocupa”

Sobre el tema de transparencia, tanto la coordinadora de la bancada como el regidor Manuel Rudecindo García Fonseca aseguraron que la disposición de estos recursos se encuentran a disposición del escrutinio público, señalando incluso este último que cada ciudadano que recibe un apoyo acepta que sus datos personales sean públicos, de así ser solicitado.