Da resolución de SCJN certeza jurídica a contribuyentes: Sandoval López
El comportamiento de la Suprema Corte ha sido apegado a derecho, consideró el presidente de Coparmex Mexicali.
| Daniel Reséndiz
Al declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para delitos relacionados al contrabando y defraudación fiscal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) da certeza jurídica a contribuyentes, consideró Octavio Sandoval López.
El presidente de Coparmex Mexicali resaltó que la resolución restablece el estado de derecho ante lo señalado en la Ley de Seguridad Nacional, que otorgaba prisión preventiva oficiosa a los acusados por delitos de defraudación fiscal.
“Esto da certeza jurídica, más que tranquilidad, la Corte ha tenido un comportamiento en sus resoluciones apegado a los principios constitucionales, y eso da seguridad, certeza jurídica y tranquilidad a todos los gobernados” indicó.
Resaltó que si bien todos los ciudadanos están obligados a cumplir con el pago de impuestos, debido a que este tipo de delitos corresponden a asuntos administrativos se debe dar la garantía de llevarlos en libertad.
Es por esto que la actuación del Gobierno Federal, continuó el empresario, representaba un exceso por parte de las autoridades, pues incluso si la persona resultaba inocente no habría forma de realizar la reparación del daño.
“Es un daño al patrimonio del Estado, pero no tiene ese alcance que atente contra la seguridad del Estado” señaló “atenta contra las finanzas públicas, pero no la seguridad, por esa razón la Corte señaló que era un exceso privar de su libertad a las personas en los términos que estaban planteados”
Fue el pasado 25 de octubre cuando una mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó inconstitucional otorgar prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, considerados como amenazas a la seguridad nacional por la Ley de Seguridad Nacional, pues resulta contrario a los derechos humanos constitucionales.
Esto en resolución de las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y varios integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
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