Abogados se oponen a cambiar reglas para seleccionar a magistrado del PJ en BC
Abogados se oponen a cambiar reglas para seleccionar a magistrado del PJ en BC
Presidentes de cinco colegios de abogados en Baja California se expresaron hoy en contra de una reforma a la Constitución Política del Estado que permitiría a abogados de 30 años de edad y con 5 años de experiencia, ser magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura.
En pleno proceso de selección de un nuevo magistrado, los diputados de la actual Legislatura buscan aprobar esta reforma que busca cambiar los requisitos al reducir la edad mínima actual de 35 años y de 10 años de experiencia en el ámbito profesional del Derecho.
La reforma, de ser aprobada, cambiaría los artículos 60 y 65 de la Constitución Política del Estado. El dictamen se encuentra la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que preside el diputado Andrés de la Rosa.
Juan Manuel Molina García, ex diputado y abogado, explicó que pretenden ajustar los requisitos para dar entrada al perfil de Anwar Ramos o Anibal Cañez, el primero de ellos director jurídico del Congreso del Estado y el segundo es esposo de una diputada priista.
Por su parte, Hernán Cortez Carrillo, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, dijo que los diputados no dimensionan el daño que pueden provocar al no convocar a los perfiles con solvencia en conocimientos en el Derecho.
El abogado Fernando Rosales Figueroa comentó que del Consejo de la Judicatura se emanan acuerdos de trascendencia pública, como la ratificación y nombramiento de Jueces, secretarios de Acuerdos y desahogo de expedientes sobre sus conductas.
José Luis Molina Magaña, presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, calificó de lamentable el actuar de los diputados con una “convocatoria falsa” y llamó incluso a incrementar la edad y la experiencia requerida.
El presidente del Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali en Pro de la Excelencia Jurídica, se pronunció en contra de los nombramientos políticos en los cargos de magistrados.
Rosales Figueroa consideró que de aprobarse esta Reforma, el Poder Judicial está en condiciones de interponer una controversia constitucional o bien, que los Ayuntamientos no aprueben esta modificación a la Constitución.
En pleno proceso de selección de un nuevo magistrado, los diputados de la actual Legislatura buscan aprobar esta reforma que busca cambiar los requisitos al reducir la edad mínima actual de 35 años y de 10 años de experiencia en el ámbito profesional del Derecho.
La reforma, de ser aprobada, cambiaría los artículos 60 y 65 de la Constitución Política del Estado. El dictamen se encuentra la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que preside el diputado Andrés de la Rosa.
Juan Manuel Molina García, ex diputado y abogado, explicó que pretenden ajustar los requisitos para dar entrada al perfil de Anwar Ramos o Anibal Cañez, el primero de ellos director jurídico del Congreso del Estado y el segundo es esposo de una diputada priista.
Por su parte, Hernán Cortez Carrillo, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, dijo que los diputados no dimensionan el daño que pueden provocar al no convocar a los perfiles con solvencia en conocimientos en el Derecho.
El abogado Fernando Rosales Figueroa comentó que del Consejo de la Judicatura se emanan acuerdos de trascendencia pública, como la ratificación y nombramiento de Jueces, secretarios de Acuerdos y desahogo de expedientes sobre sus conductas.
José Luis Molina Magaña, presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, calificó de lamentable el actuar de los diputados con una “convocatoria falsa” y llamó incluso a incrementar la edad y la experiencia requerida.
El presidente del Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali en Pro de la Excelencia Jurídica, se pronunció en contra de los nombramientos políticos en los cargos de magistrados.
Rosales Figueroa consideró que de aprobarse esta Reforma, el Poder Judicial está en condiciones de interponer una controversia constitucional o bien, que los Ayuntamientos no aprueben esta modificación a la Constitución.
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