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REVERSA EN SALUD

En menos de lo que canta el gallo los funcionarios de salud de Baja California, en especial el secretario Adrián Medina Amarillas, tuvieron que dar marcha atrás con la disposición emitida contra los establecimientos comerciales, para que éstos exigieran a sus clientes el certificado Covid o sin ese documento negar el acceso.

El martes pasado el gobierno estatal, a través del comisionado de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Erwin Jorge Areizaga Uribe, anunció con bombo y platillo sanciones contra los violadores de esa disposición.

La advertencia iba en serio: Los establecimientos privados donde hay aglomeraciones, como restaurantes, plazas comerciales, casinos, entre otros, recibirían todo el peso de la ley si osaban permitir entrar a alguien sin certificado anticovid.

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Si haces lo que todos, entonces no piensas

Sin duda alguna esto causó alboroto y dicen que de alguna manera llegó a los oídos del huésped de Palacio Nacional, quien entre sus frases "cliché" está aquella de "prohibido prohibir".

Dicen que una llamada desde la capital del país a Baja California bastó para que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda hiciera un extrañamiento al Secretario de Salud por tomar decisiones alocadas, como esa de amenazar al de por sí golpeado sector de servicios, cuando apenas están en busca de levantarse tras la paliza recibida desde el inicio de la pandemia.

Así que no quedó de otra a Medina Amarillas y a Areizaga Uribe en salir a decir "que dijo mi mamá que siempre no", que la disposición es solo una recomendación, que no es algo impositivo, sino algo voluntario al criterio de los comerciantes y bla bla.

Por cierto, algo que hizo ruido cuando se anunciaron las sanciones "ejemplares", es por qué no metieron en el mismo costal a las dependencias gubernamentales donde también hay concentración de personas, como Juzgados, Recaudación de Rentas municipales y estatales, oficinas de bienestar, entre otras.

En conferencia ayer Medina Amarillas dijo que las sanciones se estuvieron fundamentadas en la Ley General de Salud, porque ante un riesgo de pandemia es obligación de la dependencia alertar y obligar a la vacunación a la mayor cantidad de gente.

La moraleja para este caso, es que los funcionarios antes de hacer anuncios espectaculares, deben medir las consecuencias.

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Messifóbicos

¿PREMIO DE CONSOLACIÓN?

Y todo parece que el premio de consolación para Ricardo Iván Carpio Sánchez después de no ser nombrado Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado como en un inicio se había anunciado es la titularidad de la Fiscalía General del Estado.

Un mes antes de iniciar la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda, uno de los primeros futuros nombramientos que se anunciaron fue el de Ricardo Iván Carpio Sánchez, actual Fiscal de Unidades Especializadas, al frente de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al igual que el de Juan Manuel Hernández Niebla, quien estaría al frente de un Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, antes de ser aprobado el reglamento de esta Secretaría sufrió cambios y esta instancia que dirigiría Hernández Niebla perdería autonomía, por lo que él renunció a seguir participando en el gobierno estatal, pero Carpio seguía en pie.

Para sorpresa de muchos, tan pronto se aprobó la creación de la nueva institución, se dio a conocer que el secretario sería el general Gilberto Landeros.

De hecho, se ha especulado que el nombramiento fue una imposición por parte del gobierno federal porque el nombre de Landeros no figuraba en los días anteriores a su designación.

Sin embargo, Carpio Sánchez será colocado dentro de la terna que proporcionará la gobernadora para ocupar el cargo que quedó vacante tras la renuncia de Juan Guillermo Ruiz Hernández.

Cabe mencionar que el nombramiento aún no es oficial, pero bien dicen que "cuando el río suena, agua lleva".