Zona Sísmica

ADVERTENCIA DE LA CORTE

Donde ya se dieron cuenta que desde varios municipios del país les trataban de meter gol, es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde firma como presidente el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Los integrantes del pleno del máximo tribunal del país, sesionaron el pasado jueves, donde analizaron impugnaciones a diversas Leyes de Ingresos de varios municipios del país, entre ellos algunos de Baja California.

En dicha sesión los togados revisaron la impugnación del artículo relacionado con el cobro municipal del Derecho de Alumbrado Público, el cual en ocasiones anteriores había sido declarado inconstitucional por la Corte.

De nueva cuenta, los ministros de la SCJN tras realizar la revisión por la impugnación de esa ley por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinaron que es inconstitucional el cobro del alumbrado público por parte de los Ayuntamientos.

Esto lo deben de tener muy en cuenta en el Ayuntamiento de Mexicali, que encabeza Norma Bustamante, porque apenas hace algunos días el Cabildo, por mayoría morenista, aprobaron el proyecto de Ley de Ingresos para 2022, donde precisamente incluyeron el cobro a los ciudadanos mexicalenses por concepto de alumbrado público.

Lo mismo ocurrió en el Ayuntamiento de Rosarito, que encabeza Aracely Brown que insiste en el cobro de dicho impuesto.

Ya la Corte había rechazado en agosto ese cobro de la Ley de Ingresos 2021, por lo que tuvieron que suspenderlo.

Lo interesante de la sesión del pasado jueves en la Corte, es que los ministros, ante las varias veces que los municipios han incluido ese cobro en años anteriores, hicieron una pequeña advertencia, ya no a los Cabildos, sino a los Congresos estatales que son quienes finalmente aprueban las Leyes de Ingresos.

"Al tratarse de disposiciones de vigencia anual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conminó a los Congresos de los Estados para que en el futuro se abstengan de incurrir en los mismos vicios", señala el comunicado oficial del tribunal encabezado por Zaldívar Lelo de Larrea.

Así que cuando los proyectos de leyes de Ingresos de los municipios de Baja California lleguen al Congreso del Estado, encabezado por el diputado morenista, Juan Manuel Molina García, deben darle una buena revisada para quitar el impuesto por derecho de alumbrado público.

Aunque la Corte solo hizo una advertencia sutil, quién sabe cuál será su postura en caso de que nuevamente les quieran meter un gol con un cobro ya definido por los ministros como inconstitucional.

JUECES EN VILO

Entre el gremio de los abogados en el estado existe incertidumbre por la disposición legal que mantiene a 25 jueces del Poder Judicial del Estado en vilo, quienes podrían perder el cargo a partir del mes de febrero, por un artículo transitorio en la reforma a la constitución local efectuada en 2007.

La reforma indica que todos los jueces del fuero común deben permanecer máximo quince años en el cargo.

Solo que cuando los legisladores aprobaron esa disposición, metieron en el paquete a 25 jueces con amplia experiencia que ya estaban en funciones y ahora, si son despedidos se les estaría aplicando la ley en forma retroactiva, lo que daría lugar a amparos y reinstalaciones costosas.

Ante esta situación, un numeroso grupo de abogados en toda la entidad hizo entrega de un documento el día 12 de octubre pasado a las 11:24 horas, respaldado por varias hojas con sus firmas, en la oficina de Transición de la entonces gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En ese documento los abogados solicitaron a la hoy Gobernadora su intervención porque el presidente del Consejo de la Judicatura "ha declarado públicamente que en el año 2022 podrían salir 25 jueces en las materias de civil, mercantil, penal y familiar en las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada" por la reforma constitucional.

Los abogados explican a la mandataria que esa situación "seguramente provocará una crisis de impartición de justicia, de seguridad pública, confianza en la institución y problemas laborales y económicos", por dejar fuera a los experimentados jueces.

El documento lo recibió cuando estaba en plena transición, aunque hasta el momento no se sabe qué postura tomará al respecto.

También se debe recordar que hay una iniciativa de ley propuesta por una diputada para reformar el transitorio de la reforma constitucional de 2007, para dejarlo sin efecto y que los jueces puedan seguir en el cargo, con lo que de esa manera se desactivaría el problema en el Poder Judicial del Estado.