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Zona Sísmica

Este día, en la sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) se entregará las constancias de mayoría a quienes ganaron las alcaldías de Rosarito, Ensenada y Tecate.

Por Zona Sísmica

Recibirán constancias 

Este día, en la sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) se entregará las constancias de mayoría a quienes ganaron las alcaldías de Rosarito, Ensenada y Tecate.

Primero, se hará la declaratoria de validez del cómputo de la elección de munícipe al Ayuntamiento de Tecate y se entregará la constancia a Darío Benítez Ruiz.

Después se hará lo mismo con Playas de Rosarito y se entregará la constancia a Aracely Brown Figueredo.

Y para finalizar la sesión, Armando Ayala Robles, quien reciba su constancia como alcalde electo de Ensenada.

Se espera que mañana se entreguen las constancias de mayoría a Montserrat Caballero, quien ganó la elección para la Presidencia Municipal de Tijuana, y a Norma Bustamante, quien ganó la de Mexicali.

La más votada

Cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda rinda protesta como gobernadora el próximo 1 de noviembre, tendrá 36 años cumplidos, por lo que será la persona más joven en ocupar el Poder Ejecutivo Estatal en casi siete décadas de historia de Baja California.

Dicen que ante eso muchos especialistas en el entorno político local consideran que se trata de la portavoz de la juventud bajacaliforniana, dando un paso importante luego de años de lucha de las y los jóvenes por tener mayor representación en el poder público.

Además, como ya se ha dicho, será la primera mujer en gobernar el estado y la persona que más votos ha recibido para ocupar el cargo con 542 mil 35, que representan el 48.4 por ciento de la votación efectiva dejada en las urnas el 6 de junio, por lo que tiene un respaldo popular.

La llegada de Marina del Pilar es para algunos expertos el indicio más importante de la llegada de una nueva corriente política que, integrada a la Cuarta Transformación, está orientada a desplegar nuevos valores gubernamentales centradas en la solidaridad y en el bienestar social.

Guardia "militar"

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la iniciativa que presentará para que la Guardia Nacional pase a depender al 100% de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha prendido focos rojos en organizaciones defensoras de derechos humanos y en especialistas en Derecho en el país.

Lo curioso es que en Baja California nadie ha dado un paso al frente para expresar su extrañeza a esa iniciativa, sobre todo porque durante su campaña para llegar a la Presidencia de la República, el actual mandatario aseguró que al llegar a Palacio Nacional iba a mandar a los militares a sus cuarteles, de donde los sacó el entonces presidente panista Felipe Calderón Hinojosa.

Claro que en los hechos, desde que López Obrador sepultó la Policía Federal para crear la Guardia Nacional, ésta ha sido manejada por los militares.

Pero de eso a entregar a la Guardia Nacional directamente a la Sedena hay un largo trecho.

En México en años anteriores se experimentó con la designación de mandos militares en algunas corporaciones policiacas e incluso, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fue inundada con personal castrense, lo que a la larga no dio resultado, porque la ineficiencia y la corrupción continuó como si nada.

Incluso, la lucha contra el narcotráfico fue entregada al entonces Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) como órgano técnico desconcentrado, dependiente de la Procuraduría General de la República, al mando del general de nombre Jesús Gutiérrez Rebollo, supuestamente para meter disciplina y evitar la corrupción.

El resultado de ese experimento fue exactamente el contrario: El tráfico de drogas no disminuyó y Gutiérrez Rebollo terminó en la cárcel de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, precisamente por corrupto y proteger a los narcos.

Así que confiar al Ejército una corporación policiaca que debería estar a cargo de personal civil, no augura nada bueno, dicen algunos que saben de la materia. Pero a ver quiénes se animan en Baja California a analizar por el lado legal y de derechos humanos esta propuesta.

 

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