Zona Sísmica

Desinterés municipal en Consejo de la judicatura

El Congreso del Estado que preside Julio César Vázquez Castillo declaró procedente la reforma que desaparece el Consejo de la Judicatura luego de que tres de los cinco municipios del estado ignoraran la votación en los cabildos.

Sólo los municipios de Mexicali y Tecate votaron el documento enviado por el Congreso del Estado; el cabildo encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda lo aprobó por mayoría, mientras que el municipio de Tecate votó en contra.

Los municipios que decidieron no votar la reforma fueron Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana.

Al ser una reforma que modifica la Constitución Política de Baja California, se requería la aprobación de 3 de los 5 municipios, pero al no realizar la votación en el tiempo establecido el cual venció ayer, el Congreso de Baja se da por entendido de que dichos ayuntamientos que no votaron no tienen objeción y se manda a publicar.

Con el cambio también se crea la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual ejercerá las atribuciones de administración, disciplina y control de la carrera judicial y además da poder al Gobernador en turno de proponer una terna

para ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial, y el Congreso el encargado de realizar el nombramiento.

Una vez publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado, entrará en vigor en 60 días.

El presidente del Poder Judicial en el Estado, Jorge Ignacio Pérez Castañeda ya había señalado que este tema se iría a los tribunales por lo que habrá que esperar qué determinan las autoridades en la materia.

El peor momento

La decisión de la Juez de Control Hilda Martiza Morales Mercado para dejar libre a un hombre que causó severas lesiones a golpes a su hijastro de 10 años puso al Poder Judicial del Estado en el ojo del huracán.

Parafraseando las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa decisión ocurrió "en el peor momento", cuando está por aprobarse la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado y las acusaciones de supuestos actos de corrupción, aún sin pruebas, están a la orden del día.

Es por ello que en cuanto se supo a través de los medios de comunicación sobre los beneficios concedidos por la Juez Morales Mercado al agresor del niño, los consejeros de la Judicatura, donde firma como presidente el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, decidieron iniciar una investigación de oficio en contra de la juzgadora.

Todo parece indicar que Morales Mercado se excedió en lo garantista, donde no parece haber un acto de corrupción o de dinero de por medio, puesto que el acusado de la golpiza al niño no cuenta con recursos económicos como para dar una generosa "aportación".

La decisión de Morales Mercado parece más una decisión de criterio, pero eso ha sido suficiente para que la ciudadanía y el propio Ejecutivo enfoquen las baterías en contra de Jueces, Magistrados, Consejeros de la Judicatura y en general todo el sistema judicial, al que tachan de corrupto.

Seguramente en la investigación se determinará la responsabilidad de la Juez y habrá una sanción, mientras que en el recurso de revisión los magistrados revocarán la medida cautelar de libertad, para ordenar prisión preventiva contra el acusado... si es que no ha escapado.

 Lamentablemente para el Poder Judicial del Estado, por esa decisión de la Juez, el daño ha sido enorme.