Zona Sísmica

Confrontación por “ayuda”

La ayuda en esta época de emergencia sanitaria por el Covid-19, que ha dejado a muchas familias sin sustento para cubrir sus necesidades más básicas en Rosarito, sin duda es un sentido clamor de la sociedad, pero cuando se mezclan oportunidades políticas las cosas no siempre salen bien.

Tal es el caso de lo ocurrido el jueves pasado en la colonia Constitución, cuando la fuerza de poderes salió a relucir, luego de que “coincidieran” apoyos del Gobierno Municipal y un grupo de ciudadanos que reparten comida preparada entre los que menos tienen.

Resulta que el grupo encabezado por Rosario Castillo, restaurantero de este municipio y quien se dice, podría lanzarse como candidato independiente en el 2021 a la alcaldía, aprovechó la mesa puesta que la alcaldesa Araceli Brown tenía preparada para entregarles apoyos traducidos en el relleno de minas de gas, para decir que se apoya a la gente.

Cuando Brown Figueredo llegó al sitio, se encontró con un panorama de confrontación y brava como ella es, de inmediato pidió a elementos de la Guardia Nacional que le acompañan en la entrega de apoyos, que disolvieran los grupos de solicitantes, con el pretexto de que no cumplían con las medidas sanitarias requeridas.

Lo raro es que fueron sus propios funcionarios quienes hicieron la convocatoria para la reunión, a la que por cierto acudieron personas sin las mínimas medidas de sanidad.

Así que se le vio por decir lo menos inquieta, y tuvo que sobre la marcha, pedir la sana distancia para entregar los cilindros de gas, que ya estaban pactados.

Lo malo de todo esto es que muchos de los ahí reunidos se tuvieron que ir prácticamente con las manos vacías y fueron testigos de que la ayuda se da a capricho y conveniencia de quienes la proveen.

Por cierto, otra rareza es que otro grupo de ciudadanos del llamado Mercado Cachanilla, reparte sin ninguna complicación alimentos preparados en un lugar habilitado para tal en el bulevar Guerrero, sin que la autoridad cuestione nada, cosas de políticos, dirían.

Y por supuesto no faltó la amenaza por parte de Brown Figueredo hacia el grupo de Castillo Ceja, a quien le advirtió que no dejaría que siguiera repartido alimentos si no era a través del DIF, como si la gente necesitara saber quién presta la ayuda, pues esta se requiere y mucho más allá de politiquerías.

La justicia descansa

La pandemia del coronavirus no nada más ha causado enormes estragos económicos en Baja California en las últimas semanas, sino en otro rubro también de alta importancia, pero que casi nadie voltea a ver: La justicia.

Desde el 17 de marzo pasado, cuando se adelantó la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria y se impuso el distanciamiento para tratar de contener el mortal virus, el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, cerró sus puertas a piedra y lodo.

Sólo quedaron las guardias para los casos penales y las pensiones alimenticias. Por lo demás, todo mundo se encerró en sus hogares.

Pero al ampliarse el periodo de contingencia a nivel nacional, al 1 de junio, el Consejo de la Judicatura del Estado de inmediato de acopló a tal disposición, con lo que la justicia bajacaliforniana continuará durmiendo el sueño de los justos, como si no hubiera miles de expedientes en los escritorios de los jueces, cuando lejos de ser una justicia pronta y expedita, es una justicia lenta y burocrática.

Hay quienes consideran que el Poder Judicial del Estado está perdiendo una buena oportunidad de combatir el rezago, tanto en los Juzgados como en las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, puesto que sin abrir al público, sin la totalidad de personal y con estrictas medidas para prevenir contagios, los Jueces podrían dictar acuerdos y emitir sentencias, pero que los términos legales empezaran a correr a partir del regreso a las actividades al público.

Parece que en este rubro la Justicia Federal rebasó por mucho a la justicia bajacaliforniana, porque tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal, donde firma como presidente el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, empezaron a sesionar vía remota, para dictar sentencias y sacar los asuntos pendientes.

Mientras tanto en Baja California la justicia seguirá en espera de abrir nuevamente cuando acabe la contingencia. Y por cierto, en julio tienen su periodo vacacional de verano.

De esta manera, cada vez serán más los abogados que tengan que hacer fila en la Fiscalía General del Estado para recibir sus despensas alimenticias.