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Zona Sísmica

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no fungirá como dama de compañía, aseveraron los consejeros honoríficos, luego de negarse a acudir al Congreso del Estado en la Sesión de comparecencias de los aspirantes del cargo a Auditor Superior del Estado (ASE), pues aseguran que el proceso estuvo viciado desde el inicio, tal y como sucedió con el magistrado anticorrupción. 

Damas de compañía

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no fungirá como dama de compañía, aseveraron los consejeros honoríficos, luego de negarse a acudir al Congreso del Estado en la Sesión de comparecencias de los aspirantes del cargo a Auditor Superior del Estado (ASE), pues aseguran que el proceso estuvo viciado desde el inicio, tal y como sucedió con el magistrado anticorrupción.

Jorge Topete Calvario, presidente del Comité de Participación Ciudadana, Francisco Fiorentini Cañedo y Edgardo Silva Rivera señalaron que de nueva cuenta los diputados están haciendo menos a los ciudadanos, al parecer por anteponer los intereses políticos.

Jorge Topete explicó que sus recomendaciones no fueron consideradas por el Congreso desde la primera elección del magistrado, por ello, optaron por cambiar la jugada, no acudiendo a la sesión, donde se pretendía elegir al Auditor Superior del Estado, decisión que será nuevamente impugnada por el CPC.

Francisco Fiorentini se manifestó molesto luego de que el Congreso les notificó “cinco para las doce”, ninguneando nuevamente a los ciudadanos.

Por lo pronto los integrantes de la Comisión de la Fiscalización del Gasto Público sesionaron aun sin la presencia de los cuatro ciudadanos, señalando que ellos fueron invitados y no pueden cancelar la agenda legislativa por motivos que consideran inciertos.

Por lo que todos los aspirantes al cargo fueron escuchados; si bien se esperaba que ayer mismo se diera a conocer quién sería el próximo auditor, hasta ayer por la tarde no había sesión para definirlo.



Gastos

Para nadie es un secreto que en el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, existe una austeridad forzosa, porque el presupuesto asignado para su operación se encuentra al mínimo.

De hecho, esa falta de presupuesto no se le puede endosar al "austericidio" de la Cuarta Transformación, puesto que esa falta de dinero para la justicia bajacaliforniana viene de hace varios años.

Quienes visitan con regularidad las instalaciones del Poder Judicial del Estado, ya sean los Juzgados o el Tribunal Superior de Justicia, podrán notar que a veces no hay clips, post it o papel para los escritos y en los baños ni siquiera papel sanitario.

De hecho, ahora ni siquiera hay servicio de copiado, y eso que tenían a la clientela cautiva, puesto que todas las copias tenían que sacarse en ese módulo oficial, el cual finalmente se fue a la quiebra.

Ahora dicen por ahí que Ortiz Morales y otros consejeros de la Judicatura andan en busca del apoyo del gremio de los abogados, con la finalidad de poder presionar para buscar mayor presupuesto para el próximo año.

Aunque los abogados no están tan convencidos de ello, puesto que en años anteriores han visto gastos del Poder Judicial del Estado bastante cuestionados, como el pago de varios miles de pesos a un magistrado que aún estando destituido laboró durante varios meses hasta que finalmente ya no se le pudo sostener esa irregularidad.

Incluso, parece que queda pendiente de aprobación el ejercicio de 2016 del Poder Judicial del Estado por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, puesto que las cuentas fueron rechazadas.

Habrá que ver qué postura asumen los abogados el próximo viernes en Tijuana, durante la toma de posesión de José Luis Molina Magaña, nuevo presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California.



En el limbo

A medida que el nuevo gobierno avanza en el desmantelamiento de la Policía Federal porque según el presidente Andrés Manuel López Obrador "estaba echada a perder", hay un sector de la corporación en la incertidumbre.

Ese sector es el área de Seguridad Regional división Caminos, quienes se encargan de cuidar las vías federales en todo el País.

Se debe recordar que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se dio fuerte impulso a la Policía Federal, se tomó como base la Policía Federal de Caminos, creada en 1928, pero que pertenecía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Durante los cambios fue asignada a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en el sexenio de Enrique Peña Nieto a la Secretaría de Gobernación.

Ahora, con López Obrador, no ha quedado claro a dónde irán a para los de Seguridad Regional división Caminos, o si en la reestructuración han considerado convertirlos en Guardia Nacional de Caminos.

Se debe recordar que los de Seguridad Regional tienen los conocimientos más avanzados en los peritajes de accidentes viales, pero por el momento están en el limbo.