Seguro Popular vs. Insabi

“El corazón tiene razones que la razón no entiende”

Pascal 

Bajo la consigna de que “no era seguro ni popular”, y argumentando corrupción, pero sin castigar responsables, el presidente López Obrador canceló el Seguro Popular (SP).

El cambio fue efectivo el 1 de Enero, siendo reemplazado por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).

El SP fue un programa que buscaba asegurar el acceso a servicios de salud para la población que carecía de ellos, principalmente el mercado laboral informal que dejaba sin cobertura de salud a más de la mitad de la población económicamente activa y sus familias.

Previo a su implementación, el sistema de salud en México presentaba las siguientes debilidades:

-           Desigualdades regionales en cobertura y calidad de servicios médicos.

-           Asignaciones desiguales en los presupuestos de salud en los diferentes sectores económicos.

-           Inequidades en los presupuestos de salud estatales y baja inversión en equipo e infraestructura hospitalaria.

Consecuentemente, el objetivo del SP era garantizar acceso general a servicios de salud sin distinción social, laboral o económica.

Con apoyo financiero federal, el SP fue diseñado para ser implementado por los gobiernos estatales, incluyendo su administración y afiliación.

 En lugar de asignar los recursos financieros a los estados en función de la infraestructura médico-hospitalaria previamente existente, el modelo los distribuía en base al número de afiliados, integrándolos de la siguiente manera:

-           Una aportación federal equivalente al 3.92% del salario mínimo por cada afiliado (“cuota social”).

-           Una aportación  estado y federación de cuando menos la mitad de la cuota social (“aportación solidaria’). Los estados podían aportar más si querían.

-           Una aportación del afiliado que se pagaba anticipada y progresivamente en función de sus ingresos, exentándose a aquellos que estaban dentro de los cuatro deciles más bajos de ingresos, aunque en la práctica nadie contribuía, pues el incentivo de los estados era la mayor afiliación para recibir mayores recursos federales.

Los servicios se proporcionaban en tres carteras distintas: uno universal para servicios básicos con atención ambulatoria y hospitales generales, uno de protección contra gastos catastróficos, y uno de “nueva generación” para niños entre cero y cinco años. Los asegurados recibían atención médica sin desembolso.

Dentro de los resultados generados por el SP fue que mientras en 1994 el 80% del gasto de salud se destinaba a la población con seguridad social, para el 2013 el 40% de los recursos fueron para no asegurados, con una reducción significativa de la mortalidad infantil.

Por otro lado, el sistema de salud en México, incluyendo el seguro popular, mostraba una serie de fallas e irregularidades, por lo que el presidente decidió cancelarlo.

En una decisión político-ideológica, el SP fue sustituido por el INSABI tratando de paliar los problemas antes descritos, pero desafortunadamente sin reglas de operación, sin manuales, sin planeación en su implementación, y sin una fase piloto ni presupuestos adecuados.

Cobros excesivos en visitas médicas que deberían ser gratuitas, falta de medicamentos para pacientes con enfermedades terminales, incluyendo niños, rebeliones de gobernadores para implementarlo, son algunas de las fallas que reporta el INSABI a 15 días de su introducción.

Si el gobierno federal no corrige lo que se está deshaciendo, la realidad se encargará de hacerlo dolorosamente. Más enfermos y menos tratamientos, más pacientes y menos lugares donde atenderlos, más mexicanos vulnerables y menos capacidad del gobierno para cuidarlos dignamente.

*- El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.