Rómpase en caso de incendio

Fue contundente en su afirmación: ya hicimos todo el trabajo contable, sólo falta que la Fiscalía los detenga.

Así, con voz firme, el Auditor Superior en funciones, Sergio Soto, se refirió a la denuncia por el presunto desvío de casi mil 600 millones de pesos, cometidos por once ex funcionarios estatales y el ex gobernador, Kiko Vega.

Era el martes pasado, cuando a unas oficinas calurosas y con escaso personal, llegaron el auditor y la diputada de Morena Eva Gricelda Rodríguez, a presentar la denuncia penal en la Fiscalía.

Ahí se informó que a través de operaciones financieras simuladas con proveedores inexistentes, la administración pasada estatal desvió mil 586 millones de pesos del erario de acuerdo.

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¿Hacia dónde vamos?

Un botón de muestra: El Grupo Consultor de Mercados S.C. recibió 11 millones 600 mil pesos, por supuestos servicios de diagnóstico de la política social del gobierno estatal en San Quintín.

El depósito se hizo en el banco HSBC, el 2 de enero del 2017. Pero la empresa no se localizó.

Los recursos ejercidos del 2014 al 2019 derivarían de pagos a más de cien supuestos proveedores a través de 273 operaciones inusuales.

Segundo botón de muestra: Servicios Weston SA de CV recibió 10 millones de pesos por elaborar lineamientos para el costeo de las plantillas del magisterio y la burocracia.

El depósito se hizo en el banco Banorte, el 13 de septiembre del 2017. La empresa no se encontró.

El gobernador, Jaime Bonilla dejó a Sergio Soto como responsable de la Auditoría para que sacara este trabajo, y al hacerlo, es probable que lo ratifiquen en el cargo.

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Zona Sísmica

Tercer botón de muestra: La empresa Expocean cobró 10 millones 700 mil pesos, para el análisis para la reestructura y/o regularización del presupuesto de la Secretaría de Educación.

El depósito se hizo el 28 de septiembre del 2015. Pero la empresa no existía.

Estos solo unos botones de muestra. La pelota, ahora, está en la cancha del Fiscal General, Guillermo Ruiz, dependerá de él que esto prospere o se le dé carpetazo.

El operativo del viernes en la residencia del ex gobernador Kiko Vega en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, fue para muchos una cortina de humo, un acto mediático-político en vísperas de la decisión de la Corte sobre la llamada Ley Bonilla.

Sabedores, quizá, de que en la casa no encontrarían ninguna evidencia, de que los inquilinos tenían semanas sin pararse ahí. Había más reporteros que peritos investigadores.

Mejor debería concentrarse en el aburrido y poco mediático trabajo contable, el cual, dicho sea de paso, ya está hecho.

Rómpase en caso de incendio rezan las instrucciones de los extinguidores y en el caso de la política no es diferente.

Las demandas penales contra políticos siempre son una extraordinaria opción para generar expectativas sociales en la lucha por la justicia, del castigo a quienes cometieron irregularidades, para ganarse la confianza de una población ávida de resultados.

Distractores, reforzantes de la lucha anti corrupción, caja china, extinguidores cuando las cosas no salen como los políticos quieren, son cascada de opciones que se barajan, en medio de la llamada Ley Bonilla.

Esperemos que el fiscal sea real, que se vaya a lo contable, a las extinciones de dominio, a la sanción verdadera.

Que no sea un sheriff de chocolate que se derrite con el calor o las presiones.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.