Rechazo a la corrupción

Otra buena señal de la gobernadora es querer recomponer y cambiar las cosas, es el compromiso para evitar la corrupción. En efecto, me refiero al Acuerdo por la Transparencia y Contra la Corrupción, junto a quienes forman parte de su gabinete, firmado en la zona de La Rumorosa, en el museo del Sitio Campo Alaska, edificación construida en la época de la Revolución. Con esto deja en claro Marina del Pilar Ávila, que no se tolerarán las prácticas deshonestas de ninguno de los servidores públicos.

Es una correcta indicación porque fue otro de los planteamientos de campaña el combate a la corrupción, a la que la gobernadora califica como obstáculo para el desarrollo y, ampliaría yo, no sólo el que se refiere a la economía, también al correspondiente en materia de educación, salud y bienestar, entre otros más. Adecuada la iniciativa porque se propone vigilar el uso adecuado de todos los recursos de la Administración Pública Estatal, a fin de que sean aplicados directamente en beneficio de las y los bajacalifornianos, impulsando principalmente el desarrollo de quienes más lo necesitan.

Hasta aquí son correctos los señalamientos que la gobernadora hace sobre este gran cáncer y respecto a que se respeten los criterios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, aunque yo añadiría también el que prevalezcan los preceptos de transparencia y honestidad para no violar los derechos de las personas grupos sociales respetando el cumplimiento al estado de derecho; señalo este último porque se rompió por el anterior gobierno, al haber tomado decisiones por demostraciones de autoridad o bajo maniobras acomodaticias.

Si esto se entiende por la actual gobernadora y los integrantes de su equipo, pero además lo acatan los legisladores ya que son los que en última instancia aprueban presupuestos y endeudamientos, se podrá avanzar en la correcta construcción del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que tendría entre otros objetivo la adecuada aplicación de recursos públicos.

Pero antes, hay que empezar por casa y hacer transparente, en tiempo y forma, los compromisos de pagos en la correspondiente estructura para combatir la corrupción. Me refiero, por ejemplo, a que no vuelvan a suceder cosas como en la administración pasada pues entiendo no les dieron recursos para operar bien y empleados quedaron sin recibir sus sueldos, por lo que se requerían dos millones de pesos para poder cubrir este año.

Permítanme volver un poco en el tiempo, porque las cosas no pierden actualidad si se trata de corrupción. En mayo y julio pero del año 2017, en espacios similares a éste, indicaba que como sociedad nos convenía evitar ese mal y que para ello requeríamos de un fiscal anticorrupción, con perfil ciudadano y no afín a ningún partido político, para poder atraer casos tanto del ámbito gubernamental como del actuar empresarial.

Pues eso mismo se requiere ahora que inicia un nuevo gobierno y que también se reitera por la gobernadora el querer combatir el flagelo, aunque eliminar sería lo riguroso. También comentaba que para tener a la persona adecuada, primero había y de crearse realmente el sistema anticorrupción, definir el adecuado perfil de los magistrados en materia administrativa y por supuesto la participación de los ciudadanos a través comités transparentemente estructurados.

Como puede comprenderse y, para finalizar, la batalla a la corrupción debe ser permanente y continuamente ser revisada, tanto en la estructura y quienes forman parte de ella, como en su estrategia público-privada para su combate.

* El autor es Consejero y Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.