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Columnas

¿Quién vigila a nuestras Fiscalías?

Cuando escuchamos que determinado delincuente sale libre, evadiendo la acción de la justicia, nos surgen varias hipótesis, todas ellas relacionadas con la mala actuación de los servidores públicos encargados, unos de la procuración de justicia (léase ministerios públicos y en general las distintas fiscalías), otros de la administración e impartición de la justicia, (jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte).

Por Ignacio Calderón Tena

“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.”

Abraham Lincoln

Cuando escuchamos que determinado delincuente sale libre, evadiendo la acción de la justicia, nos surgen varias hipótesis, todas ellas relacionadas con la mala actuación de los servidores públicos encargados, unos de la procuración de justicia (léase ministerios públicos y en general las distintas fiscalías), otros de la administración e impartición de la justicia, (jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte).

Recordando la vieja definición de delito es: “la acción u omisión que sancionan las leyes penales” y en el caso de las omisiones resulta más difícil demostrar la actitud dolosa de alguien que incumple con la ley. Dicho de otra manera, es difícil demostrar que alguien que debía sancionar a un posible delincuente, no pone todo su intelecto y conocimiento en lograrlo o peor aún, hace lo posible por ocultar pruebas que tiene a su alcance y que podrían acreditar la responsabilidad de alguien.

Según el Índice Global de Impunidad México 2020, (IGI-Mex) que publica la Universidad de las Américas (agosto 2020) y que en esta ocasión analizó la información de 69 países a nivel mundial, destacan como los países con la tasa más baja de impunidad: Eslovenia, Croacia y  Grecia; sin embargo, entre los más corruptos se encuentran México en el lugar 60 (hace 2 años teníamos el 64 por lo que teóricamente somos un poco menos corruptos que antes), Kirguistán en el lugar 61, Nepal en el 62, Guyana 63 y en el peor lugar Tailandia.

En materia de impartición de justicia, El igi-2020 registra como promedio la existencia de 17.83 jueces por cada cien mil habitantes, México cuenta solo con 2.17 y el país menos corrupto con 42.77 jueces.

En nuestro país, el 93.7 por ciento de los delitos no se denuncian y por lo tanto quedan impunes de forma automática. En 2016 se abrieron un millón 532 mil 313 averiguaciones y carpetas de investigación en las agencias del Ministerio Público de todo el país por denuncias de algún delito. En ese mismo lapso 172 mil 695 carpetas fueron consignadas/judicializadas ante un juez penal y hubo 54 mil 818 sentencias (contando condenatorias y absolutorios). Lo anterior significa que apenas en el 11 por ciento de los delitos que sí se denuncian (y que de por sí son minoría) terminan con una investigación que es enviada ante el juez, y menos del 4 por ciento de ellos finaliza con alguna sentencia, es decir, con algún resultado.

Pareciera mas más sencillo conocer si la actuación de un juez se apegó o no a derecho, que comprobar si un Ministerio Público deliberadamente no aportó determinados elementos probatorios o que no presentó adecuadamente los alegatos para lograr una consignación de un delincuente, pues siempre tendrá la salida fácil de que no existen más pruebas que aportar para lograr una sentencia condenatoria.

Se requiere de una verdadera reingeniería que cambie y transparente al Poder Judicial, pero sobre todo que supervise el trabajo de las fiscalías.   

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo.

 

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