Que paguen las consecuencias

La historia la conocemos todos. Jaime Bonilla  al postularse para gobernador apoyado por Morena, sabía y así lo aceptó, que su gobierno duraría dos años. Así lo puntualizaba la Reforma aprobada en el Congreso en Octubre de 2014, con el fin de empatar las elecciones federales con las locales. Sin embargo creyó que con recursos legaloides violaría la ley y se burlaría de los bajacalifornianos. “Convenció” a 21 de los 25 integrantes de la pasada  Legislatura para aprobar una ley que ampliaba el plazo de 2 a 5 años. Finalmente, se presentó un recurso de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución.

Y para bien de nuestra democracia el lunes pasado, después de exponer los once Magistrados sus motivos, rechazaron contundentemente y por unanimidad esta ley, siendo calificada por el  Presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, como un fraude post electoral y Constitucional. De ésta forma termina para el gobernador su ambición desmedida de quedarse cinco años en el poder. Sin embargo, para quienes se prestaron convenientemente a esta   ilegalidad, debe haber serias consecuencias. 

Nos referimos a los 21 legisladores y 4 ex presidentes municipales que dieron su venia, quién sabe con qué interés, y estando conscientes que hacerlo era cien por ciento ilegal, en contra de la ciudadanía y del principio democrático que nos rige.  En su momento partidos como el PRI y el PAN, declararon expulsión a los legisladores que la apoyaron, sin embargo el delito es tan grave, que arrastra consecuencias mayores.

Por ésta razón, el pasado día 15, el Partido Acción Nacional en Baja California, presentó una denuncia contra los funcionarios y legisladores que intervinieron en el intento de fraude a la Constitución el pasado 9 de Julio de 2019. Esta denuncia fue interpuesta por los delitos de coalición de servidores públicos y cohecho, mismos que se suman a las acciones emprendidas por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien el pasado miércoles presentó a su vez una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera, para revisar movimientos atípicos que pudieran suponer el manejo indebido de recursos para éste fin. Además de la denuncia penal en la Fiscalía General de Baja California, se solicitó juicio político por intentar modificar la ley al antojo de terceras personas.

Es muy importante, si queremos tener autoridades responsables, que se les obligue legalmente a asumir las consecuencias de sus actos, ojalá todos los partidos hagan lo propio y llamen a cuenta a sus legisladores, y que los ciudadanos los tengamos en la mira para jamás volver a darles nuestra confianza, dando fin a su vergonzosa carrera política.  

Es justo también mencionar y felicitar  a quienes  valientes y congruentes, rechazaron ésta ilegalidad. De los 25 legisladores cuatro merecen nuestro reconocimiento: Del PBC el ex Diputado Jorge Núñez. Del PAN, la actual Diputada Eva María Vázquez, los ex Diputados Andrés de la Rosa, y Miguel Osuna Millán. Así como Gustavo Sánchez Vázquez, ex Presidente Municipal de Mexicali, quien fue el único Alcalde  que no se prestó al fraude y burla pretendida. ¡Enhorabuena!

¡Mujer mexicana forja tu Patria! 

* La autora es consejera familiar.