Procesos en EU y México

El general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se declaró "no culpable" de los cuatro delitos relacionados al narcotráfico que le imputa la Fiscalía de Estados Unidos.

El juez federal leyó los cargos que se le imputan, tres por conspiración relacionada con tráfico de drogas y uno por lavado de dinero. "No culpable, su señoría", respondió la defensa cuando se le preguntó su posición frente a las acusaciones. De esa manera se daba paso formal al primer juicio en contra de un militar mexicano ex secretario de la Defensa Nacional. Llevaba un año la orden de aprehensión girada por las acusaciones que lo involucran con fabricación, distribución, importación de mariguana, cocaína, heroína y metanfetamina y, por supuesto, el lavado de dinero producto de lo que habría ganado por su participación en el negocio criminal.

El caso del general Cienfuegos, junto con los de García Luna, Édgar Veytia, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y otros abiertos en Estados Unidos en contra de capos y ex funcionarios mexicanos, se perfila a conformar una suerte de maxiproceso en el cual se puede ver el procesamiento de decenas o, incluso, centenas de personas cuyos actos están relacionados entre sí o proceden del mismo contexto de corrupción y criminalidad. El hecho de que los casos de los arriba mencionados, hayan llegado a la misma Corte, con los mismos fiscales acusadores y con el mismo juez que procesó y sentenció a uno de los líderes emblema del cártel mexicano más poderoso, es el principal indicador de que esto apenas empieza y de que la lógica de procesamiento es esa. Un maxiproceso involucra la acción de la policía, de las fiscalías y, por supuesto, de los jueces para procesar, digámoslo así, masivamente, a personas bajo la lógica de pertenencia a estructuras o vínculos criminales organizados, no como casos individuales. El juicio a El Chapo Guzmán parece ser desde el cual se desprenden las imputaciones a los exfuncionarios mexicanos que hoy están en la picota.

Mientras en Estados Unidos vemos, por primera vez, un procesamiento criminal, ya no solo a capos sino a ex funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano, en México se abren espacios para pensar que podría desarrollarse, también, un proceso grande, desde el cual se pueda esclarecer y sancionar si bien no todo, pero por lo menos una parte de lo que ha agraviado a México en los últimos años. Para que esto ocurra, tendrá que esperarse un esfuerzo institucional, como el descrito anteriormente, que logre definir las estructuras y redes de relación entre aquellos que formaron parte de las estructuras gubernamentales, empresariales, judiciales, criminales y de cualquier otro tipo que derivaron en corrupción política, negocios e impunidad. En los primeros pasos se dejan ver las complicaciones.

Reforma publicó que la FGR había solicitado una orden de aprehensión contra del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray. El presidente López Obrador dijo haber conocido del asunto y contó, en conferencia de prensa, que sabía que el juez había devuelto la solicitud a la FGR para "que se mejorara o enriqueciera". Más tarde la FGR parecía corregirle la plana al Presidente, informando que el Ministerio Público Federal ". No ha recibido de Juez de Control, ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis 'V'", en referencia a Videgaray. Algo pasó después. Con información de los periodistas Arturo Ángel, de Animal Político y Gustavo Castillo, de La Jornada, afirmaron que la FGR había solicitado retirar la petición de orden de aprehensión en contra de Videgaray. Incluso, dar por hecho como si no hubiese sido presentada. ¿Qué pasó aquí? Todavía sigue la pregunta en el aire.

Reforma también dio a conocer que Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, se había acercado a la FGR para buscar el "criterio de oportunidad" a cambio de colaborar con información relacionada con Rosario Robles y Enrique Peña Nieto. La FGR confirmó la investigación e integración de carpetas en el "caso de Emilio 'Z'" que no puede ser otro más que Zebadúa. Lo que pueda informar el ex oficial mayor sobre desvíos, triangulaciones, financiamiento a campañas y los nada improbables enriquecimientos ilícitos de funcionarios corruptos, de los que haya formado parte y/o tenido conocimiento, podría convertirse en una vuelta de tuerca en la ruta de un maxiproceso.

*- La autora es periodista.