¿Por qué el incremento en los impuestos?

Todos los gobiernos del mundo aspiran a tener finanzas públicas sanas, mantener un equilibrio entre los ingresos y egresos es una aspiración ortodoxa, sin embargo, no todos los países logran este propósito; en muchos casos, operan con déficit presupuestal debido a la necesidad de incrementar los egresos para obra pública o para cumplir con tareas de justicia social. Únicamente, algunos países en desarrollo tienen superávit en las finanzas. En nuestro país, al igual que muchos países latinoamericanos, se ha hecho práctica común tener déficits presupuestales ante la falta de ingresos suficientes para cumplir con las tareas consignadas en la constitución.

En las últimas décadas, derivada de las transiciones democráticas y la alternancia de los diversos partidos en el poder en México se ha vuelto práctica cotidiana, que, al dejar el gobierno, el partido que va de salida deja a cientos de simpatizantes en los puestos administrativos de primer y segundo nivel, de tal forma, llegan gobiernos y se van gobiernos y la nómina se incrementa. El dinero ya no alcanza, no hay gasto público para inversión, inversión en obra pública que cada día se necesita más, mientras un porcentaje que ronda entre el 80% y 90% es destinado para pagar nómina. En ese sentido, no hay dinero que alcance, por tanto, los gobiernos se ven orillados a endeudarse, a comprometer a futuro los ingresos venideros más el pago de intereses que acarrean los préstamos bancarios.

Al incurrir en déficits presupuestales, los gobiernos, no solo de México sino de todo el mundo, tienen tres opciones para allegarse recursos e incrementar sus presupuestos de egreso: subir los impuestos, pedir prestado a los bancos o recurrir al endeudamiento externo o la alternativa extrema, dejar de cumplir con sus funciones, situación que es imposible sostener por la cantidad de manifestaciones. Esta situación se ha venido recrudeciendo ante la falta de crecimiento económico, baja recaudación fiscal, exenciones exageradas para ciertas empresas privilegiadas y el crecimiento exponencial de la economía informal en todo el país. La baja recaudación fiscal es un gran problema para la administración federal que no ha podido meter en cintura a millones de mexicanos que operan en la economía informal sin contribuir al erario público, mientras que a los que ya tiene cautivos les siguen “sangrando” sus ingresos.

Hoy en Baja California con el arribo de un nuevo gobierno, está intentando instrumentar un nuevo impuesto de un “padrón vehicular” que obliga a todos los vehículos que circulan en el estado a pagar mínimamente 1000 pesos por unidad, sin explicar cuál sería el destino de ese cobro. Algunos especialistas en derecho argumentan que es anticonstitucional, que esto corresponde a la esfera del gobierno federal. El nuevo gobierno arribó y encontró las arcas del gobierno vacías y con pasivos importantes para los profesores, pensionados, a la universidad etc., y a la fecha no se le han fincado responsabilidades al exgobernador Kiko Vega, al cual deberían obligar a regresar los cientos de millones de pesos que fueron desviados a su cuenta. Esta decisión del gobernador tendrá sus detractores y no será nada fácil que la gente del estado acepte, aun cuando se les amenace con quitarle sus unidades. Creo que veremos la misma película que vivió Kiko Vega al intentar sustituir y cobrar las láminas de los vehículos que circulaban en las ciudades. La gente tiene desconfianza, sería bueno que el gobernador explicara en qué se aplicarían esos posibles nuevos ingresos, de no hacerlo, la legitimidad y la representación quedan en entredicho y pone al descubierto que no existe corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno.

*- El autor es economista egresado de la UABC.