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'No entiendo'

El próximo domingo 1 de agosto los mexicanos tenemos una cita con la historia. No, no se trata de una frase demagógica, estamos ante la gran oportunidad de llevar a la práctica uno de los mecanismos por excelencia de la democracia directa: la consulta popular.

Por Victor Alejandro Espinoza

El próximo domingo 1 de agosto los mexicanos tenemos una cita con la historia. No, no se trata de una frase demagógica, estamos ante la gran oportunidad de llevar a la práctica uno de los mecanismos por excelencia de la democracia directa: la consulta popular. Será un ejercicio inédito para la cultura política mexicana. Por años y décadas los académicos y miembros de la llamada sociedad civil reivindicaron la idea de incorporar al ejercicio ciudadano las figuras de la democracia directa. Ha llegado la hora de llevarla a la práctica.

No ha sido fácil incorporar las figuras de la democracia directa a la vida democrática, sobre todo por la peculiar transición a la democracia del caso mexicano. Todo ha girado en torno a los procedimientos electorales. Las elecciones han sido el eje sobre el cual se ha conducido el cambio político en nuestro país. Esto tiene también sus desventajas. Cualquier otra práctica no electoral es vista con recelo por quienes además se sienten los dueños de la patente llamada “transición”.

Además de estas resistencias, la absurda decisión de no hacer coincidentes las elecciones con la consulta popular que se encontraba en la norma original promulgada el 14 de marzo de 2014; y que el 19 de mayo de 2021 se reformó para que se realizara el primer domingo de agosto del año electoral. Todo bajo el argumento de la oposición gubernamental para que el presidente de la república no influyera en el resultado. Una decisión que hubiera ahorrado un enorme esfuerzo de organización y la nada despreciable suma de 528 millones de pesos. En el futuro, esta disposición tendrá que regresar a su redacción original: las consultas deberán llevarse a cabo el día de la elección.

Lo que hemos visto, escuchado y leído en la última semana es una absurda campaña en contra de la realización del ejercicio. Aparte de académicos e intelectuales, se han sumado al boicot de la consulta popular los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como los ex consejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde. Sin embargo, hay que decir que se trata de quienes durante esta primera mitad de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido sus críticos más feroces: sus posiciones eran previsibles, pero no por eso dejan de llamar la atención.

No buscan promover el voto negativo en la consulta, prefieren buscar argumentos para justificar el no asistir a las casillas que el INE instalará a lo largo del país. En el fondo, les resulta más cómodo justificar el boicot bajo el argumento de que la consulta es innecesaria (“La ley no se consulta”), es muy costosa (528 millones de pesos) y, lo último, “no entienden la pregunta” (que fue formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Saben que lo que mandata la Ley Federal de Consulta Popular es que debe participar el 40% de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores (37.5 millones de personas) para que el resultado sea vinculatorio. Ese es su objetivo: que no se alcance tan alta cifra de participación exigida.

Uno de los argumentos que ha esgrimido una conocida twitera que se presenta como “egresada de Harvard”, es que no votará porque “no entiende la pregunta”. Como decía, de eso se han hecho eco algunos académicos y editorialistas. La pregunta ciertamente no es clara, pero así la redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que en realidad no comprende la twitera es la democracia. No entiende la importancia del ejercicio cívico para la construcción democrática, un logro pese a los obstáculos que se presentaron. No entiende que sin presión ciudadana no se logrará sentar en el banquillo de los acusados a ex presidentes y a otros ex funcionarios. Estamos ante un sistema judicial corrupto que no atiende lo establecido en la ley y que requiere una gran movilización ciudadana para reformarse.

La participación ciudadana en la democracia es imprescindible. No se trata solo de llenarse la boca con el tema, tampoco de ir dando conferencias o asistir a mesas redondas porque es lo políticamente correcto. Estamos ante una oportunidad histórica para que este mecanismo de democracia directa sea parte de los procesos electorales de manera concurrente. Todos debemos participar optando por la respuesta positiva o negativa a la pregunta que aparece en la papeleta, acudiendo a construir democracia. El boicot es un paso atrás en la dirección de la consolidación democrática. Pretextos sobran.

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