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Los 123 millones

La retención unilateral de 123 millones de pesos a la administración estatal y, por ende, a los bajacalifornianos, del banco Afirme prendió los focos rojos acerca del proceder de la empresa crediticia y las consecuencias que esto podría generarnos a largo plazo.

Por Rosa María Méndez Fierros

La retención unilateral de 123 millones de pesos a la administración estatal y, por ende, a los bajacalifornianos, del banco Afirme prendió los focos rojos acerca del proceder de la empresa crediticia y las consecuencias que esto podría generarnos a largo plazo. El tema de la Fotovoltaica y su endeudamiento de 12 mil millones de pesos representaba un quebranto en las ya de por sí deterioradas finanzas públicas. La gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda lo dijo enfática: fue una estafa maestra.

Afirmó que se haría una indagación adecuada y no sólo una simulación. En su oportunidad el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio lo dijo también, que analizaban en qué delitos que se les imputan a los ex funcionarios estatales, hoy todavía acusados, podría haber un acuerdo reparatorio de los daños y en qué otros podrían irse hasta la vinculación a proceso e incluso una pena de hasta doce años de prisión.

El tiempo de los ajustes llegó la semana pasada cuando la empresa Next Energy canceló el contrato de la planta Fotovoltaica, sin ningún tipo de penalización para el estado. El secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexía explicó que al ser el proyecto inviable tanto en su ejecución como en su plan financiero se trabajó tanto por la vía legal y a través del diálogo directo con los representantes de Next Energy, para lograr un acuerdo que beneficiara a las y los bajacalifornianos. Agregó el funcionario que además se emprendieron acciones inmediatas que redundarán en la devolución de 123 millones de pesos que ya habían sido entregados al fideicomiso respectivo. Los cuales, hasta el momento, siguen a la espera de que se regresen. ¿Pero qué pasó, cuáles fueron los factores que influyeron para que la empresa Next Energy cancelara el contrato, sin ninguna consecuencia legal para el estado? Nos dicen que fueron varias razones, entre ellas, el tema penal que pudiera haber alcanzado al mismo dueño de Next Energy, recordemos que además de los ex funcionarios estatales también fueron acusados dos representantes de la empresa. En la investigación emprendida por las actuales autoridades estatales se encontró información en la Unidad de Inteligencia Financiera, delicada para los intereses particulares de esta empresa que tiene negocios a nivel internacional. Además, es evidente, que también le estaban cerrando las pinzas con la investigación vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al mismo banco Afirme, por lo que también se presentó una demanda en su contra, con las consecuencias legales contra la institución crediticia.

Se jugaron todas las cartas en contra de quienes pretendían cometer el desfalco al estado, lo cual dio como resultado la cancelación de un proyecto que nació muerto, pero que amenazaba con generarnos un gran quebranto. Pero los ex funcionarios estatales de nombre Jaime N, así como Luis Salomón N, Amador N, Israel Clemente N, Rodolfo N, Marco Octavio, Adalberto N, Miriam Lizbeth N, Pablo Alonso B, siguen en la cuerda floja, continúa la investigación por uso ilícito de sus atribuciones y facultades. Recordemos que aún no se regresan los 123 millones de pesos retenidos por Afirme, además de sus intereses, por lo que el quebranto al estado prevalece. Nos comparten que la investigación penal sigue contra los exfuncionarios presuntamente implicados y antes mencionados. Por eso la pregunta sigue siendo: ¿Quedará en una estafa maestra sin penalización? Al tiempo veremos si de verdad habrá una lucha real contra la corrupción e impunidad o quedará en un: usted disculpe. La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.

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