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Columnas

La ley no se consulta, se aplica

Durante su campaña política el actual presidente de la república se comprometió a retirarles el apoyo económico que se asignaba a los expresidentes con cargo al presupuesto federal

Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Durante su campaña política el actual presidente de la república se comprometió a retirarles el apoyo económico que se asignaba a los expresidentes con cargo al presupuesto federal, también se obligó a enjuiciar y, en caso de tener evidencias de sus arbitrariedades meterlos a la cárcel, debido a la descomposición que había generado el modelo neoliberal durante más de 30 años de saqueo y corrupción. AMLO ya va a cumplir tres años, la mitad de su período constitucional, no obstante, a la fecha no hay “peces gordos”, ni “rateros de cuello blanco” que hayan pisado la cárcel. Ahora a través de una consulta a los ciudadanos pretende aplicar la ley, la pregunta en pocas palabras se interpreta como “están de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes por los supuestos excesos cometidos al erario público y su actitud entreguista”. Muchas críticas a recibido el presidente en su afán de incluir esta consulta como tema central de su agenda; algunos analistas críticos a su gobierno sostienen que dicha consulta es una “vacilada” y otros dicen que es una trampa que sirve para desviar la atención de problemas tan severos como la pandemia, la falta de medicamentos, la creciente inseguridad y la falta de crecimiento económico.

Algunas voces sostienen que su administración ha sido un “gobierno de grilla”, que ha privilegiado la política electoral antes que administrar al país. En ese sentido, mantienen la hipótesis de una trampa para limpiar la vía de posibles candidatos antagónicos en esta carrera adelantada por la primera magistratura y allanarle el camino a su preferido “el tapado”. También se dice, que es para “medirles el agua a los camotes” de lo que será la próxima consulta acerca de la “revocación de mandato”. Por lo pronto, los delegados federales serán los encargados de los operativos “llamados acarreos” para llevar a votar a todas las personas que viven de las dádivas del gobierno. El compromiso es rebasar el tope del 30% de votantes que sufragaron en la reciente elección, de lo contrario, dicen que no sería vinculante o no habría legalidad para proceder al enjuiciamiento.

Existen otras opiniones que ven con buenos ojos el uso de la consulta para que el gobierno tome decisiones, pero arguyen que sería interesante incluir otros temas delicados y de vital importancia para el país; por ejemplo: someter a consulta para castigar a los responsables de la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México; para enjuiciar a los responsables del mal manejo de la pandemia por la cantidad enorme de muertos que se pudieran haber evitado; preguntarle a la ciudadanía, si está de acuerdo en la política de “abrazos, no balazos” que a la fecha arrojan más de 72 mil. En fin, que serían muchos temas los que se pudieran incluir utilizando el método de la consulta.

Algunos analistas políticos sostienen que la ya próxima consulta es una cortina de humo que aunque se argumenta como un ejercicio democrático, realmente lo que prevalece en AMLO es el deseo de revancha, por los 18 años que le hicieron sufrir para alcanzar la presidencia; por ello él siempre ha sostenido que los causantes de sus males y de todos los mexicanos es “la mafia del poder”, así que es un hecho, este primero de agosto se realizará la consulta, aunque la pregunta que se hace es muy ambigua y abarcaría a una gran cantidad de funcionarios y exfuncionarios que han contribuido al saqueo de las arcas del estado y que gozan de “impunidad” a pesar de que la sociedad ya sabe quiénes son. Por lo pronto, creemos que no pasará nada, igual ocurrió con la “rifa del avión” y otras tantas iniciativas que resultaron un “fiasco”. Sería interesante “consultar” a los expertos en derecho si la ley debe consultarse o aplicarse. En fechas recientes en los medios nacionales se ha filtrado la información de que Enrique Peña Nieto y López Obrador habrían establecido un acuerdo de “impunidad”. Por último, surgen dos preguntas: ¿estaría de acuerdo López Obrador en violar estos acuerdos? y si muchos quedan en el umbral de la cárcel, ¿quién cerraría la puerta?

*- El autor es economista egresado de la UABC

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