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Columnas

La apuesta por los casinos

Una de las políticas públicas desarrolladas por la actual administración estatal que más dudas me generan, tiene que ver con el tema de los casinos.

Una de las políticas públicas desarrolladas por la actual administración estatal que más dudas me generan, tiene que ver con el tema de los casinos.

Y es que a simple vista y observado de manera superficial, pareciera que la intención del gobernador, Jaime Bonilla y el fiscal general, Guillermo Ruiz, es combatir las casas de apuesta y las llamadas maquinitas tragamonedas.

Así lo han querido demostrar con los operativos para el decomiso de dichos artefactos que terminan por enganchar a niños, jóvenes y hasta adultos en colonias populares, en la periferia, en donde este tipo de actividades pareciera tener eco entre la población.

Hasta ahí todo bien… cuando menos para quienes pierden dinero en estos lugares y le apuestan todo al azar.

Pero pareciera que entre las autoridades estatales hay un doble discurso, lo cual quedó patente en la aprobación de las reformas al párrafo segundo del artículo 4 de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California, autorizado por los diputados a petición del Ejecutivo estatal.

Dicho articulado, promovido en el 2012, durante la administración del gobernador, José Guadalupe Osuna Millán fue modificado, en su segundo párrafo.

En ese entonces, el mandatario estatal lo promovió para impedir que fueran abiertos nuevos casinos en una entidad inundada de casas de apuestas, que incluso ocupa de los primeros lugares en este tipo de negocios instalados.

“Quedan prohibidos los usos de suelo para casinos, casas, centros o cualquier establecimiento que opere juego con apuesta... Salvo en aquellos casos en el que el uso del suelo y construcción ya se encuentre operando en la entidad y solo requiera reubicación dentro del municipio donde se ubique…”, en términos generales así estaba este artículo aprobado en el 2012 para “blindar” a la entidad, ante la posibilidad de extender este tipo de negocios.

Pero el pasado 31 de diciembre, el Ejecutivo estatal envió una propuesta para la derogación del párrafo segundo de dicho artículo, la cual fue aprobada por los legisladores locales, con todo y la dispensa de trámite.

“El párrafo transitorio contiene una prohibición que seguramente el legislador estableció persiguiendo fines legítimos.

Sin embargo, en la realidad dicha prohibición de uso de suelo y de construcción constituye un elemental impedimento para que se genere una sana competencia entre los distintos actores económicos que participan en los rubros de juegos con apuesta que tengan la intención de venir a invertir y generar nuevas fuentes de empleo a Baja California”, consideraron como justificación los diputados el 31 de diciembre pasado, por lo que aprobaron eliminar el párrafo segundo del artículo 4 de la de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California.

Con ello se abre la posibilidad de instalar más casinos en la entidad, como si no hubiera suficiente problema con la ludopatía, como si no existieran otros tipos de empresas que puedan atraer recursos y hasta legítima competencia, sin necesidad de profundizar en este tipo de adicciones al juego.

Le aumentas los impuestos a los casinos ya establecidos, lanzas una férrea campaña contra las maquinitas tragamonedas, bien, pero a la par abres la posibilidad de que lleguen nuevas casas de juego con apuestas.

Ya no entendí.

Será que la intención es generar rivalidad a los casinos de Jorge Hank y allanar el camino a nuevos inversionistas en este rubro, para contenderle al político priista.

Hagan sus apuestas, la moneda está en el aire.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.

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