La aplicación de las vacunas contra Covid-19 debe ser inmediata y para todos

El derecho a la salud es universal, es un derecho de todo humano y una garantía consagrada en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que si bien es un acierto que ahorita en la aplicación de la vacuna contra Covid-19 se privilegie al personal de los hospitales que atienden casos de enfermos por esta terrible enfermedad, también debe darse ese privilegio a todo aquel servidor público que con motivo de sus funciones tenga contacto directo con diversas personas; parece que hay la falsa creencia de que por ser policías, bomberos o socorristas, éstas personas están obligados a exponer su vida y esto no es así, es una máxima del Derecho que “nadie está obligado a ser héroe, ni a ser un mártir” lo que significa que la vida tiene el mismo valor en cada ser humano, por lo que de ninguna manera los servidores y funcionarios públicos están obligados a arriesgar su vida al contagiarse de SARS-CoV-2 (Covid-19) entonces también ellos deben ser privilegiados con la pronta aplicación de la vacuna dado el esencial servicio que prestan, fundamental para mantener la adecuada vida gregaria en nuestra sociedad. Además de disponer que se vacune inmediatamente a los servidores públicos antes aludidos, la federación debe perfeccionar la planeación para la aplicación masiva de la vacuna, que sin politiquería llegue rápido a cada persona de nuestra sociedad, es menester priorizar la adquisición de dichas vacunas porque por más que el gobierno explique que la vacunación se llevará a cabo en forma calendarizada y por grupos etarios dado la insuficiencia de las dosis, todo el dinero usado en lo no prioritario como la difusión mediática de las acciones de gobierno y la promoción de las actividades de los gobernantes debería cesar y el recurso usarse en la adquisición de vacunas para Covid-19, incluso el la Federación debe permitir que no solo los gobiernos estatales adquieran la vacuna sino que sea accesible para toda persona que quiera comprarla, esto permitiría que haya más vacunas para quienes no tengan los medios económicos de adquirirlas ya que seguramente a un precio accesible, millones de mexicanos comprarían la vacuna. Por la lentitud de la vacunación se han estado promoviendo demandas de Amparo fundadas en los artículos 1º, 4º, 16 y 73 de nuestra Carta Magna, señalándose como Autoridades responsables al Presidente de la República; al Secretario de Salud Federal; al Subsecretario de Salud Federal; al Consejo de Salubridad General; al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; y al Director de la Clínica del IMSS de la localidad de que se trate en el país; los quejosos buscan que la Justicia de la Unión les ampare ordenando a la autoridad sanitaria que les aplique en forma inmediata la vacuna para Covid-19, en dichos amparos acertadamente argumentan que el derecho a la salud es universal, y que en todo orden de gobierno en el cual el gobernado cumple con las disposiciones legales, el Estado está obligado a cumplir inmediatamente con la satisfacción plena de sus derechos entre ellos el acceso a la salud, más cuando en realidad se ha estado siendo selectivo en la aplicación de la vacuna al estarse descubriendo que se han estado vacunando no solo a personal de la primera línea del sistema de salud, sino a promotores de las acciones de gobierno o propagandistas llamados Siervos de la Nación, de ahí que de proceder las demandas el Amparo será el camino para obligar al Estado a vacunar a cualquier persona sin importar a que dedique su actividad laboral o cual sea su edad.

*- El autor es catedrático de la UABC.