Fotovoltaica, el ecocidio

Este proyecto que pretendía instalarse en el Kilómetro 31 de la carretera federal Mexicali San Felipe, prácticamente nació muerto. Pero además le han estado dando tiros de gracia de manera paulatina las autoridades federales.

Uno de los últimos es la negativa de la Manifestación de Impacto Ambiental.

El proyecto consistía en la preparación, construcción, operación y mantenimiento de una central solar fotovoltaica, mediante la instalación de 558,090 módulos fotovoltaicos para la producción de una potencia pico de 300.531 MWDC y una capacidad en el punto de interconexión de 274.176 MWAC para suministrar 745,892 MWh.

No cabe duda que hay una urgencia para la generación de energía en BC, sí, el problema es que además de lo financiero, Next Energy, que pretendía construirla, no pudo demostrar la fiabilidad ambiental de la información presentada ante las autoridades federales para la protección de flora y fauna en el terreno donde pretendía instalarse e incluso la amenazaba con su desaparición. Por esta razón Semarnat determinó que la Fotovoltaica contraviene lo señalado en el Programa de Ordenamiento Ecológico, estableció que el cambio de uso de suelo puede propiciar que una o más especies sean declaradas amenazadas y se afectarán especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2020, además de que no se demostró técnica y científicamente la fiabilidad de la información presentada por la promovente respecto a los impactos ambientales derivados por el proyecto; asimismo, no cumplió con lo señalado en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

La autoridad federal nunca obtuvo respuesta de la SIDURT, del Ayuntamiento de Mexicali ni del gobierno del Estado de Baja California para ofrecer certeza e información del sustento ambiental.

Además, el proyecto no cumplió con los lineamientos de protección de la vegetación, ya que sobrepasa la superficie permitida por las normas ambientales.

Para la anterior administración estatal encabezada por Jaime Bonilla era suficiente entregar su propio Dictamen Técnico de Congruencia emitido por la Subsecretaría de Reordenación Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California para realizar la acción de urbanización de generación de energía eléctrica solar, así como la autorización del Estudio Técnico Justificativo emitido por la Delegación Federal de la SEMARNAT en Baja California.

Para el gobierno federal esto no fue suficiente, ya que no añadía la vinculación que demostrara con argumentos técnicos y científicos que el proyecto se ajustaba a este criterio y por tanto se podría llevar a cabo. En consecuencia, se concluyó que el proyecto contravenía el criterio de la protección al medio ambiente.

La Fotovoltaica incumplió el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, por lo que se le negó el Manifiesto de Impacto Ambiental por no cumplir con varias normas ambientales.

Casi nada, para un proyecto de 12 mil millones de pesos que dio tumbos desde su anuncio y que aunque no se realizará, sí dejó de manifiesto la gran cantidad de leyes, reglamentos ambientales y financieros que tuvieron que torcerse en la anterior administración estatal, para darle vida artificial a este proyecto

La verdad sea dicha

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.